La aceptación del concepto de fiscalizar esas actividades proselitistas y propagandistas es casi unánime.
El pueblo hondureño esta hasta la coronilla, frustrado e indignado, por el engaño que le han provocado aspirantes delincuentes a alcaldías y diputaciones, que encontraron en el narcotráfico y crimen organizado fuentes prodigiosas de recursos para financiar sus enlodadas campañas.
Muchos están ya pagando su osadía en las cárceles o en fuga, pero otros peces gordos están agazapados bajo las frondosas ramas de la “impunidad platicada”, rogando al cielo no ser señalados e investigados, condenados y encarcelados.
Surge, sin embargo, el temor generalizado de que nuestro triunvirato, seleccionado de dedo y electo por un congreso jamás deliberante, sumiso a los dictados de las cúpulas partidarias, no será capaz de investigar y poner a la orden de los tribunales (otros obedientes) a los funcionarios responsables por el abusivo y delictivo uso de los recursos del Estado para pagar propagandas electorales como las que el partido de gobierno está desplegando en todos los medios radiales, televisivos y escritos, exaltando la figura de su candidato presidencial.
Propaganda subliminal que el Tribunal Supremo Electoral debió haber cortado de tajo porque la ley así lo exige.
Pero el comportamiento de TSE es la otra parte de nuestra trágica historia política. Por eso es que millones de ciudadanos no avalan la reelección, por el ofensivo abuso de los que manejan el poder.
La segunda acción del congreso, esta sí loable, ha sido la emisión de la nueva ley orgánica de la policía.
Una policía en proceso de profunda reestructuración no puede ser plenamente efectiva si no es respaldada por una normativa moderna que le fije los parámetros de sus responsabilidades y facultades.
Hay que darle el beneficio de la duda a esa nueva estructura policial que bajo el mando de oficiales serios, responsables y honestos nos puede garantizar una reducción sustancial de esa zozobra en que la ciudadanía se ha mantenido por décadas.
