Tegucigalpa, Honduras
Sin una posición definida y con el reto de llegar a un consenso, los diputados del Congreso Nacional decidirán hasta la próxima semana sobre la regulación del aborto en el país.
La despenalización de este delito volvió a convertirse en el centro de la polémica entre los sectores que la promueven basados en ciertas circunstancias y aquellos que han manifestado su rotunda oposición.
El aborto está contemplado en el artículo 126 del Código Penal vigente desde 1983, el cual establece sanciones que van desde los tres hasta diez años de reclusión.
El ilícito también fue incluido en la nueva normativa, cuya parte especial se está aprobando en la cámara legislativa.
No obstante, la disposición que ahora figura en el artículo 196 del estamento jurídico posee excepciones para que no sea catalogada como un hecho punible.
La interrupción del embarazo practicada por un médico o bajo su dirección y realizada en un centro sanitario público o privado deberá cumplir primero con el requisito de contar con el consentimiento expreso de la mujer.
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Además, debe de existir un grave riesgo para la vida o la salud de la fémina en el caso de continuar en estado de gestación. Esa condición se debe hacer constar en un dictamen emitido con antelación por un médico especialista distinto a quien realice o dirija la interrupción del embarazo.
El requerimiento anterior no será necesario debido a un riesgo vital inmediato debidamente avalado por un galeno.
No es la primera vez que el aborto sale a la palestra, tema que siempre genera posiciones encontradas por las intenciones de legalizar lo que está tipificado como la muerte de un ser humano en cualquier momento del embarazo o durante el parto.
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Reuniones
Los miembros de la comisión ampliada que dictaminó el nuevo Código Penal sostendrán reuniones el próximo martes con organizaciones promotoras y opositoras del aborto para buscar puntos de coincidencia.
“Esperamos que las demás bancadas tomen una posición, el Partido Nacional ya la tiene, otros han dicho que poseen posiciones divididas”, manifestó el titular de esta comitiva legislativa, Mario Pérez.
Agregó que “vamos a estar en contra de cualquier forma de despenalización del aborto, que siga siendo un crimen en nuestro país”.
En caso de que una mujer haya sido violada puede conceder en adopción a la criatura, indicó el directivo del CN.
El presidente del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, enfatizó el año pasado que como médico cirujano se preparó para preservar la vida.
“No estaré nunca a favor del aborto. En el Congreso votaré por la vida”, aseguró.
En la bancada del Partido Liberal no existe una postura sobre este particular y le pedirán en los próximos días al Consejo Central Ejecutivo, que es la autoridad partidaria, que emita una opinión.
En tal sentido, la diputada Yadira Bendaña consideró que “este es un tema en el que no se ha logrado un consenso nunca, surge recurrentemente; es importante que hagamos una reflexión profunda de hacia dónde queremos que se conduzca la sociedad”.
El parlamentario del Partido Anticorrupción (Pac), Liberato Madrid, coincidió con la línea de los cachurecos en que se debe de proteger el derecho a la vida de los no nacidos.
“Si autorizamos despenalizar el aborto van a haber puertas abiertas para sobre diagnosticar complicaciones maternas o neonatales y se puede dar un caos”, advirtió.
De su lado, la congresista del partido Libertad y Refundación (Libre), Beatriz Valle, apuntó que el aborto está ligado a las relaciones de poder, así como al patriarcado.
“Este es un tema que tiene que ver con desigualdad, hombres tomando decisiones sobre los cuerpos de las mujeres y las causales que son aceptadas como motivo para que una mujer pueda abortar deberían de aprobarse”, declaró.
Doris Gutiérrez, diputada del Partido Innovación y Unidad (Pinu), calificó como extremas las posiciones antagónicas de los sectores que están en conflicto por este tema.
“Cada día más mujeres están abortando sin tener ningún cuidado médico y muchas de ellas mueren. El temor es que hay una presión muy fuerte de la iglesia y el grupo Provida”, argumentó.
Propuestas
La asociación Somos Muchas y Articulación 611, que aglutinan diversas organizaciones feministas que impulsan la despenalización del aborto, presentaron a inicios de este mes a la Secretaría del Congreso propuestas al articulado del nuevo Código Penal, especialmente en cuanto a este delito contra la vida.
Cuando se persigue el resultado de preservar la salud y la vida de la mujer, en caso de anomalías fetales incompatibles con la vida extrauterina y cuando el embarazo es producto de una violación o inseminación artificial no consentida son las causales sugeridas para exceptuar de responsabilidad penal a una fémina que decida abortar.
Para la no penalización se deberá acreditar mediante una copia de la denuncia ante el Ministerio Público (MP) si existió una relación sexual no consentida, plantean.
Si la sobreviviente del ataque sexual es menor de 14 años no será necesaria la denuncia. Las demás circunstancias expuestas requerirán un diagnóstico médico.
Las proposiciones de estas agrupaciones se basan en el aborto terapéutico, ético o por violación y el eugenésico, tres causas que son reconocidas por el derecho internacional.
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