Honduras

Auditoría del Tribunal Superior de Cuentas muestra irregularidades en contrato a favor de Los Cachiros

Una auditoría del TSC muestra que a la empresa Inrimar, propiedad de la familia Rivera Maradiaga, se le otorgó un contrato por L 28.7 millones en un proceso con irregularidades. La licitación carecía de requisitos exigidos por la ONCAE

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02.04.2017

Tegucigalpa, Honduras
Un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) muestra que una empresa de Los Cachiros ganó un millonario contrato de mantenimiento de la red vial a pesar de que ni siquiera compró las bases de licitación, tal y como lo contempla la Ley de Contratación del Estado.

Entre 2012 y 2013, el TSC ejecutó una auditoría a la licitación pública LPN/FV/02-2011 del proyecto denominado “Mantenimiento periódico y rutinario de la red vial no pavimentada”.

Este proyecto iba destinado a reparar las carreteras no pavimentadas en los 18 departamentos del país.

A pesar de que esta irregularidad no fue plasmada en el informe del TSC, la auditoría muestra en la tabla No. 6 que 72 empresas compraron bases de licitación, pero, misteriosamente, en ese listado no figura la compañía Inrimar (Inversiones Rivera Maradiaga), propiedad de Los Cachiros.

Comprar bases en un determinado proceso de licitación es un requisito primordial para poder firmar contratos con instituciones públicas, según establece la misma Ley de Contratación del Estado.

Pese a esto, Inrimar sí aparece en la tabla No. 10 que contiene el listado de empresas ofertantes y, además, en la tabla No. 12 en la que se enlistan las compañías a las que se les adjudicó la licitación pública.

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En esta gráfica se revela que el Fondo Vial otorgó el proyecto de mantenimiento de carreteras en el departamento de Colón en el año 2011.

En esta gráfica se revela que el Fondo Vial otorgó el proyecto de mantenimiento de carreteras en el departamento de Colón en el año 2011.

La oferta de Inrimar
Inrimar presentó ocho ofertas por un valor de 31.4 millones de lempiras y con un monto de garantía de 800 mil lempiras.

Todo parecía indicar que Los Cachiros tenían todo en orden y las fallas eran mínimas. Lo único que se le señaló a Inrimar es que no presentó una constancia de solvencia extendida por la desaparecida Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).

Sin embargo, el documento asegura que esta fue subsanada por la compañía propiedad de Los Cachiros.

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Tras este proceso, el gobierno otorgó los proyectos de reparación y mantenimiento de carreteras no pavimentadas a 53 empresas constructoras.

Los 18 departamentos fueron divididos en 52 sectores. Colón fue identificado con los sectores 3, 4 y 5. El sector 3 tenía un presupuesto base de 8.4 millones de lempiras, mientras que el 4 y el 5 un presupuesto de 28.7 millones de lempiras.

El proyecto de mantenimiento de la red vial del departamento de Colón fue adjudicado a Inrimar, propiedad de Devis Leonel Rivera Maradiaga, quien se declaró confeso ante la justicia de Estados Unidos de traficar droga hacia ese país.

Solo en este caso, el Fondo Vial otorgó a Los Cachiros un contrato de 28.7 millones de lempiras en el departamento de Colón.

Se trata del contrato 0004-2012 para la construcción de obras para el mantenimiento periódico y rutinario de la red vial no pavimentada, del sector 4 y 5 del departamento de Colón.

Este tiene longitud de 242.23 kilómetros, y se ejecutó entre el 8 de febrero de 2012 y el 8 de noviembre de 2013. Según el Fondo Vial, en el 2012, a la empresa de Los Cachiros se le desembolsó 18.1 millones de lempiras.

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Inversiones Rivera Maradiaga sí aparece en la lista de empresas que ofrecieron sus servicios al gobierno para participar en el proceso de licitación.

Inversiones Rivera Maradiaga sí aparece en la lista de empresas que ofrecieron sus servicios al gobierno para participar en el proceso de licitación.

La aprobación
Previo adjudicación, todo el proceso de licitación se sometió a su aprobación.
Quedó aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión de verificación de las licitaciones .

Enseguida, autorizaron a la dirección ejecutiva del Fondo Vial que procediera adjudicar y suscribir los contratos de construcción.

El informe del TSC indica que los contratos fueron revisados in situ y obran en el poder del Fondo Vial, “los mismos fueron firmados por el ingeniero Hugo Ardón Soriano y los representantes legales de las empresas constructoras”, establece.

El informe de la auditoría practicada señala que no se encontró un modelo cronológico del expediente de contratación debidamente ordenado y foliado.

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También destaca que no se realizaron actas de evaluación legal, técnica y financiera.

En su informe el TSC concluye que estos proyectos no se utilizaron las bases de licitación armonizadas por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

Asimismo, no se encontró un modelo cronológico del expediente de contratación debidamente ordenado y foliado.

Además, no se realizaron actas de evaluación legal, técnica y financiera.

Algunas de las notas emitidas por el Fondo Vial y revisadas por la comisión de auditoría no tienen un número correlativo.

Se utilizó la modalidad de adjudicación de las ofertas que más se acerque al presupuesto base.

Otros contratos
Entre 2010 y 2013, durante el gobierno de Porfirio Lobo, se le otorgaron a Los Cachiros otros 27 contratos millonarios, en los que se agenciaron más de 140 millones de lempiras.

Al menos 13 contratos que la familia Rivera Maradiaga firmó con el gobierno de Lobo fueron para reparar tramos, mantenimiento de carreteras y hasta pavimentación de calles en el departamento de Colón.

El trabajo de Los Cachiros también se extendió al departamento de Olancho, donde participaron en unos 11 contratos.

El expresidente Lobo desmintió la versión de Devis Leonel Rivera Maradiaga en el sentido de que él le había recomendado abrir empresas con la intención de lavar dinero que venía del narcotráfico.

Devis Rivera, exjefe del cartel de Los Cachiros, participó en condición de testigo del gobierno de Estados Unidos en el juicio que se le sigue a Fabio Lobo, hijo del expresidente Lobo Sosa.

Rivera aseguró que pagó millonarios sobornos al exmandatario con la finalidad de “dejarlos trabajar”.

Rivera Maradiaga también afirmó que Lobo Sosa se comprometió a que mientras él estuviera en el poder no habría extradiciones.

Los hermanos Rivera Maradiaga se entregaron voluntariamente a la justicia de Estados Unidos en enero de 2015.