Tegucigalpa, Honduras
Las reformas hechas recientemente por el Congreso Nacional (CN) a la Ley del Instituto Nacional Penitenciario (INP) volverán más riguroso este sistema que estuvo abandonado por más de 20 años.
Con las medidas tomadas por los legisladores se evitarán que los presidiarios ordenen crímenes, secuestros y hasta el cobro del impuesto de guerra.
Una de las novedosas reformas es la conformación de un Consejo Técnico Interdisciplinario con el fin de prevenir la reincidencia de los privados de libertad y fomentar el respeto entre sí mismos para lograr una verdadera reinserción en la sociedad.
Este Consejo tendrá facultades de aislar en celdas a los privados de libertad con conducta inadecuada en los presidios.
También, podrá reevaluar la clasificación de peligrosidad o agresividad de la persona privada de libertad.
Por otra parte, el artículo 89 de dicha legislación establece las condiciones en las que los privados de libertad pueden recibir visitas.
“Las personas internas pueden gozar del beneficio de recibir visitas de su cónyuge en instalaciones adecuadas para ello”, establece este artículo.
De estos beneficios se exceptúan los presidiarios considerados de alta peligrosidad.
Este ápice abarca a los reos que se encuentran internos en la cárcel de máxima seguridad de Ilama, Santa Barbara.
German Mcniel, subdirector del INP, explicó que las reformas traen un “cambio radical” en los 27 centros penitenciarios del país.
“Ese cambio se ve reflejado con la implementación del reciente traslado de los 755 miembros de la MS y de la pandilla 18 que se encontraban recluidos en el centro penal de San Pedro Sula, operación que fue dirigida por el presidente Juan Orlando Hernández junto a las autoridades de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina)”, aseguró Mcniel.
Otras de las acciones contempladas en las reformas y que están en ejecución es la prohibición del ingreso de dispositivos electrónicos como ser cámaras de video, fotográficas ni drones, estos últimos que pueden ser destruidos por el personal de los centros penales.
También se ha uniformado a los reos de alta peligrosidad, a quienes se les confeccionan trajes color naranja, que se han utilizado en los últimos traslados que se han realizado a El Pozo en Ilama.
Además, a los privados de libertad de alta peligrosidad y especialmente a los integrantes de maras se les ha cortado el pelo.
En relación a la expropiación de los predios aledaños a los centros penitenciarios, se realizará un estudio entre el INP con apoyo del Instituto Nacional Agrario (INA) para determinar el precio de los terrenos y de esa manera determinar la cantidad de recursos que debe pagar el Estado para hacerse de ellos en un radio de 500 metros a la redonda de los presidios.
Actualmente, en los 27 centros penales del país existen 17,700 privados de libertad de los cuales 9,735, que representan el 55%, están procesados y 7,965, que representan el 45%, están condenados
