La operación de una intocable estructura criminal conformada por oficiales y agentes de la Policía y dos asesinatos -relacionados con el caso- que nunca fueron esclarecidos son parte de los hechos consignados en un expediente que de una u otra forma se ha ocultado a lo interno de la institución policial.
Las comunicaciones internas a partir del 7 de marzo de 2003 hasta el 2 de mayo de 2016 dejan entrever que los ministros de seguridad y los directores policiales no fueron diligentes para hacer llegar las investigaciones al Misterio Público, entidad que hasta hace unos días, a través de la Agencia Técnica de Investigaciones (ATIC), comenzó a dar con los responsables de asesinar a figuras que lucharon contra el crimen organizado y el narcotráfico.
Para la sociedad hondureña no resultó sorpresa que el comisario de policía Guillermo Mejía Vargas apareciera entre los presuntos responsables del asesinato del fiscal Orlan Chávez, ocurrido el 18 de abril de 2013.
El asesinato del denominado “fiscal de oro” está entre los casos emblemáticos junto con los crímenes del zar antidrogas Julián Arístides González y del asesor en seguridad Alfredo Landaverde, en los cuales se involucra como autores intelectuales y gatilleros a bandas policiales. Los nombres de algunos de estos oficiales también aparecen en el expediente SEDS-0416-2010, donde se denuncia a una estructura criminal que penosamente fue uniformada y armada por el Estado para proteger a la ciudadanía.
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Comunicaciones
El oficio número DGPN-DNT-0093-2016 de fecha 2 de mayo de 2016, dirigido al director general de la Policía, general Félix Villanueva Mejía, dice que cumpliendo instrucciones emanadas del señor director nacional de Telemática se le remite la información suministrada del Sistema Estratégico de Recolección, Cotejamiento, Análisis y Archivo (SERCAA), referente al componente biográfico e identificación de cada uno de los miembros de la estructura criminal, en las investigaciones realizadas por la Inspectoría General de la Secretaría de Seguridad, consignado en el expediente investigativo SEDS-IG-0416-2010 de fecha 31 de marzo de 2010 .
Que en el expediente se señala a oficiales activos de la Policía Nacional de haber realizado un plan para permitirles la fuga a los privados de libertad Luis Mauricio Palacios Giraldo y José Ramón Gamboa Lara, quienes fueron detenidos el 16 de octubre de 2002 cuando se dispusieron a aterrizar una narcoavioneta con supuesta cocaína y dólares en la hacienda Ilusiones en San José de la Landa, Choluteca, y de conspirar en actos ilícitos de narcotráfico con el crimen organizado.
“Lo anterior obedece a que se remita a la Comisión de Depuración y Transformación de la Policía Nacional para el debido proceso de depuración que se está llevando” a cabo.
Igualmente, mediante el oficio DGPN-No-1043-2014 enviado el 7 de abril de 2014 el director general de la Policía Ramón Antonio Sabillón, le pidió al entonces director de Recursos Humanos (D-1), comisionado Elvir Javier Cantarero Ventura, remitir “urgentemente al Ministerio Público (Fiscalía Crimen Organizado) el expediente investigativo número SEDS- IG-0416-2010.
LimpiezaCONTAMINACIÓN POLICIAL: Debido a la evidencias de participación de oficiales y agentes policiales en extorsión, secuestros, robo de vehículos, crimen organizado, narcotráfico, asesinatos y otros delitos, el Congreso Nacional aprobó el decreto 21-2016, vigente desde el 8 de abril de 2016, que permitió la creación de la Comisión de Depuración, que hasta la fecha ha realizado una labor efectiva. |
En virtud de lo anterior “se le instruye dar cumplimiento a la orden emanada por esta Dirección General y deberá remitir copia de acuse de recibo por el Ministerio Público”, dice la orden.
Anteriormente también se había emitido, el 16 de diciembre de 2013, el oficio No. DGPN- (DRH) 0895-2013, donde el director general de la Policía Juan Carlos Bonilla Valladares le pidió al director nacional de investigación criminal Leandro Osorio nombrar un equipo de investigación para que a la mayor brevedad posible obtengan los movimientos migratorios de todas las personas que se mencionan como miembros de la estructura criminal.
Lo anterior obedece al fortalecimiento del expediente investigativo No. SEDS-0416-2010, que será remitido al Ministerio Público para el debido procedimiento legal.
De la misma forma, el 27 de junio de 2012, con instrucciones del ministro de Seguridad Pompeyo Bonilla, según oficio- SEDS-IG-No-0396-2012, se le mandó a Bonilla Valladares el expediente investigativo No-SEDS-IG- 0416-2010, mismo que ya había sido remitido al exdirector general José Luis Muñoz Licona para que fuera enviado “al Ministerio Público, quien hizo caso omiso a la orden emanada por esta Inspectoría General de la Secretaría de Seguridad”.
El expediente investigativo “refiere actuaciones contrarias al proceder de un grupo de oficiales y policías que estuvieron asignados a la jefatura departamental No. 6 de Cholutec, en análisis de esa dirección general de la Policía Nacional y en diversas jefaturas policiales del país”.
El mismo refiere “que estos miembros de la Policía Nacional son líderes de esta estructura criminal dedicada al tráfico de drogas junto a los ciudadanos” y menciona al alto ejecutivo de una empresa y al diputado Armando Ávila Panchamé (asesinado en prisión).
+ Además: Vea documentos del expediente que vincula a policías narcos
Como a estos policías ya no se les puede someter al procedimiento administrativo en vista de que el caso ya prescribió, entonces lo anterior obedece al proceso de depuración que “usted está llevando y aplique de inmediato el decreto de depuración No. 89-2012 a los oficiales y policías involucrados con esta estructura criminal”.
Asimismo le informó “que deberá remitir a la mayor brevedad posible el expediente investigativo al Ministerio Público para que se realice el debido procedimiento legal”, dice el oficio.
El 31 de marzo de 2010, también mediante oficio SEDS-IG-No 0416-2010, en nombre del ministro de Seguridad se le remite al director general de la Policía José Luis Munoz Licona el expediente investigativo No. DGPP-DNT-0275-2004, de fecha 20 de abril de 2004, con la investigación realizada por un equipo de análisis de la Dirección Nacional de Tránsito en cumplimiento de la orden emanada por la exdirectora general de la Policía, Coralia del Tránsito Rivera Ramos.
Luego en el oficio se describen todos los nombres de los policías señalados e investigados. Asimismo, se hace ver que a ellos no se les aplicó ninguna sanción administrativa y no se remitió el expediente al Ministerio Público para el debido procedimiento legal por estos actos delictivos cometidos.
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También se le informó que un subcomisario -hoy subcomisionado- tiene antecedentes delictivos desde que era subteniente y estaba asignado como jefe de la extinta Policía de Hacienda en la aduana de El Amatillo
Como hay medios de prueba suficientes que se consignan en el mismo recomiendo “a usted con todo respeto se remita este expediente investigativo al Ministerio Público, ya que hay pruebas suficiente en contra de los miembros de la Policía por suponerlos responsables del delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud del Estado de Honduras”.
Asimismo, en el mismo oficio se le informa que el señor Ministro de Seguridad “instruyó que se le ordene a usted se investigue de inmediato el asesinato del inspector Juan Carlos Sotelo Perdomo, edecán de la señora exdirectora general de la Policía, Coralia del Tránsito Rivera Ramos, por la orden que dio al subcomisionado (director de Tránsito) para que se investigue esta estructura criminal y el asesinato del policía Exequiel Antonio Padilla Izaguirre por haber realizado el informe inicial sobre estos hechos ilícitos que inculpan a este grupo de oficiales de la Policía”.
