Tegucigalpa, Honduras
El manejo incorrecto de los recursos financieros en custodia de la Oficina de Títulos Valores -entre enero de 2007 y enero de 2015- le ocasionó un perjuicio económico al Estado por la cantidad de 1,450,349.30 lempiras, establece un informe de Auditoría Interna del Poder Judicial.
El informe número 009/2014-UAI-PJ de la auditoría especial practicada a las consignaciones del efectivo bajo custodia del Centro de Justicia Civil, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2007 al 30 de enero de 2015, establece que se encontraron valores recibidos en efectivo que no fueron depositados en la cuenta bancaria a nombre del juzgado de letras, y que no han sido devueltos a las partes y que tampoco se encontró el dinero en físico.
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Asimismo, valores en efectivo que han sido devueltos a las partes competentes y retirados de la cuenta bancaria sin haber sido depositados y otras actuaciones similares. La suma de valores por esta situación asciende a 1,450,349.30 lempiras, detalla.
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Igualmente “se encontraron cheques certificados que proceden de años atrás que no fueron depositados a la cuenta bancaria y llegaron a su caducidad, monto que asciende a la suma de 5,284,935.93”.
Por otro lado “se verificó que existen expedientes que contienen autos donde se ordena la devolución del efectivo que es consignado en la Oficina de Títulos Valores, cuyo número de depósito bancario al que se hace referencia en el citado documento, corresponde a valores atinentes de otros expedientes”.
Se comprobó “que no existe una supervisión constante de parte de la coordinación de los juzgados y de la Inspectoría de Tribunales, en relación al manejo y control de los expedientes, así como de las cauciones dinerarias recibidas para custodia de la Oficina de Títulos Valores”.
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Trece hallazgos enumerados en el documento revelan el desorden con que venía operando esta entidad.
El resumen ejecutivo de fecha 23 de junio de 2015 está firmado por Zoila María Rivera, auditora interna del Poder Judicial. Un día después, ella también envió una nota con copia de la auditoría al Consejo de la Judicatura y la Carrera Policial.
Desorden
En 2007, en respuesta a una amplia y creciente demanda de servicios de impartición de justicia, se tomó la decisión de fusionar los juzgados de Letras Civil y de Paz del departamento de Francisco Morazán, entonces de manera funcional y sin la aprobación competente crearon la Oficina de Títulos Valores, para que los secretarios procedieran a descargar los títulos valores como medio de pruebas, el efectivo y cheques certificados como resultado de las consignaciones presentadas por las diferentes demandas.
Dicha disposición fue aprobada sin analizar y establecer controles internos eficientes que contribuyeran a mitigar riesgos. Aun cuando los secretarios venían manejando estos ingresos de efectivo y seguían ciertos patrones de trabajo como ser: “la descripción en el depósito del número de expediente y las partes involucradas, este control se dejó de realizar una vez que el licenciado Héctor Manuel Corea en su condición de administrador 1 tomó posesión de su cargo, desconociéndose si es que recibió instrucciones de su jefe inmediato superior o simplemente a iniciativa propia tomó la decisión de no realizar algunos depósitos de efectivo y cheques en la cuenta bancaria del Banco Central a nombre del Juzgado de Letras, creando un ambiente de descontrol que ha permitido la manipulación de los valores, específicamente los de efectivo consignados a esa oficina”, detalla la auditoría.
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La Coordinación de los Juzgados desconocía “la mala práctica administrativa de la que estaba haciendo uso el licenciado Corea, hasta que autoridades del Banco Central de Honduras deciden solicitar a la abogada Ingrid Ramos Madrid, en su condición de juez coordinadora del Centro de Justicia Civil, mediante correo electrónico, la aclaración de ciertos pagos ordenados por ese juzgado, donde se estaba haciendo referencia a un mismo número de comprobante de depósito que no tiene ninguna relación con las erogaciones efectuadas, es decir corresponde al número de depósito de otra demanda, cuyo efectivo ya había sido devuelto a las partes”.
Según el informe, en el curso de la auditoría se encontraron algunas situaciones que no permitieron un análisis más profundo de las operaciones realizadas. Entre esas situaciones se señala que “desde que el licenciado Héctor Manuel Corea tomó posesión y control de las operaciones de la Oficina de Títulos Valores, no se han realizado conciliaciones bancarias de la cuenta existente en el Banco Central de Honduras, entre los valores recibidos para su custodia y posterior depósito contra las devoluciones autorizadas mediante resolución legal a los apoderados correspondientes”.
Igualmente, la falta de controles eficientes de parte de los secretarios adjuntos, así como de la Oficina de Títulos Valores, no permitió en gran manera el desarrollo del trabajo realizado por los auditores, siendo que no se manejan criterios definidos concernientes a la información que consignan en los libros de títulos valores. Durante el período revisado, los montos examinados ascendieron a 61,217,716.41 lempiras, integrados por los valores recibidos en concepto de consignación en los juzgados de Letras y de Paz.
A pesar de que se recomendó al Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial aplicar las medidas correctivas correspondientes derivadas de la negligencia mostrada, lo único que hizo fue cambiar de oficina a los presuntos responsables.
Versión
EL HERALDO trató de conocer la versión del exadministrador de la Oficina de Títulos Valores, Héctor Manuel Corea, pero él se negó a dar declaraciones argumentando que eso era un caso de carácter privado, sin embargo, mostró unas notas sobre devoluciones realizadas.
“Espéreme, voy a llamar a mi representante legal”, dijo y llamó a un abogado que -según consultas- también es empleado del Archivo Histórico del Poder Judicial.
Por su parte, la abogada Ingrid Yajaira Ramos, en una nota con fecha 5 de junio de 2015 explica los procedimientos seguidos en la Oficina de Títulos Valores, así como las falencias por falta de reglamentos y de capacitación en aspectos “gerenciales, contables y administrativos”.
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Aunque se conoció que este caso ya está en conocimiento del Ministerio Público, EL HERALDO trató de confirmarlo a través de Relaciones Públicas de esa institución, pero nunca se respondió a la consulta.
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