La campaña de intimidación contra los periodistas y medios de comunicación hondureños emprendida desde la jefatura de las Fuerzas Armadas, tras demandar a 12 medios del país por publicar investigaciones e información general sobre la institución y su liderazgo, no tiene más calificativo que el de repudiable.
Y es que en una acción sin precedentes en la historia política de Honduras, el jefe del Estado Mayor Conjunto de la institución castrense, Roosevelt Hernández, impulsa acciones judiciales con el fin de forzar a los medios a revelar sus fuentes, en una abierta violación a los principios fundamentales del periodismo y los derechos constitucionales e internacionales que protegen la confidencialidad de las fuentes de información.
Con estas decisiones está claro que el jefe castrense busca intimidar a la prensa nacional y orillarla a callar todo tipo de información relacionada con el accionar de la institución castrense que sea del interés público.
El general Hernández parece no conocer, o haber olvidado a propósito, que la libertad de prensa es uno de los principales baluartes de la democracia y que este derecho solo se restringe en regímenes autoritarios, donde se vuelve práctica diaria la manipulación de la información, con los aviesos fines de perpetuarse en el poder.
Intentar callar la voz de los periodistas e intimidar a los medios de comunicación que cumplen con su labor de informar es un zarpazo a dos de las libertades en las que se fundamenta el Estado de derecho y una democracia como la que intentamos construir y fortalecer día a día en nuestra patria.
El llamado a las autoridades del actual gobierno es a defender la institucionalidad y garantizar plenamente el derecho de los periodistas y los medios de comunicación a informar sin cortapisas de ningún tipo y rechazar acciones intimidatorias como las que ejerce actualmente el alto jefe castrense.
