La presidenta Xiomara Castro anunció el martes anterior la vigencia del Tratado de Extradición con los Estados Unidos hasta el 27 de enero de 2026, decisión que fue aplaudida por diversos sectores de la sociedad.
La denuncia de ese tratado, en agosto pasado, había concitado una serie de cuestionamientos por quienes consideran la misma como una herramienta eficaz en la lucha contra el narcotráfico a nivel continental.
La idea de que Honduras se convirtiera en un santuario de narcotraficantes una vez entrara en vigencia la suspensión del tratado preocupaba a muchos, aun con los mensajes que se hacían llegar desde las más altas esferas gubernamentales de garantizar que el estamento legal hondureño actuaría en contra de los cabecillas y miembros de las estructuras delincuenciales que operan en el territorio nacional, con conexiones en otros países de la región.
Sin entrar en detalles de los pormenores que marcaron las negociaciones con la nueva administración de los Estados Unidos, de quienes encabezaron las mismas y los temas de interés nacional que se llevaron a la mesa de discusiones, la decisión de Castro ha sido mayoritariamente calificada como la correcta frente a las acciones que, se avizoraba, tomaría la administración de Trump en represalia por la decisión del gobierno hondureño.
Desde el gobierno estadounidense se ha dejado el mensaje de que continuar con la cooperación bajo el tratado de extradición “es crucial para nuestra lucha conjunta contra el narcotráfico y el crimen transnacional, y es una piedra angular de la relación bilateral”.
Otros temas de importancia quedan sobre la mesa de frente a las relaciones bilaterales con el que ha sido hasta ahora nuestro principal socioeconómico, los Estados Unidos, receptor de más del 50% de las exportaciones, y la casa de más de 1.5 millones de conciudadanos que residen legal e ilegalmente en aquel país y que con su envío de remesas sostienen la economía nacional.
