El gobierno de los Estados Unidos anunció esta semana una extensión de los documentos relacionados con el TPS para hondureños por 18 meses, hasta el 30 de junio de 2024.
No se amplió el TPS, hay que aclarar, sin embargo, es una decisión que representa un alivio para más de 50,000 hondureños que residen en Estados Unidos bajo ese mecanismo, hombres y mujeres que trabajan de sol a sol en aquella nación y que con sus remesas ayudan a sostener la endeble economía del país que les negó las oportunidades de una vida digna y los orilló a salir de su patria.
Son 18 meses más de tranquilidad, pues les permitirá mantener sus permisos de trabajo, acceder a documentos como la licencia de conducir, a préstamos, entre otros, y oxigenarse y redefinir las estrategias de lucha para continuar buscando el objetivo de un estatus de residencia permanente, no solo para los tepesianos, sino para todos los connacionales que residen en el territorio estadounidense, sin ningún mecanismo de protección.
Aunque no hay cifras exactas, se estima que en Estados Unidos residen más de un millón de connacionales y, según los líderes de la comunidad hondureña en ese país, penden órdenes de deportación sobre más de 200,000 hondureños que ingresaron antes de 2006, hombres y mujeres que difícilmente tendrían posibilidades de rehacer sus vidas en Honduras en el caso de ser obligados a regresar a su patria.
Este es un problema mayor que va más allá de las diferencias que han marcado algunos tramos entre funcionarios del actual gobierno con los Estados Unidos.
El diálogo y la unidad que clama la comunidad migrante deben primar, sin olvidar, claro está, impulsar políticas que garanticen la atención de manera efectiva de las poblaciones más vulnerables para abrirles aquí, en su patria, las oportunidades que demandan para superar la pobreza, la violencia, la inseguridad y todas las causas que los orillan a migrar en busca de mejores condiciones de vida.
