La prensa internacional ha informado que en los primeros días del año unos 1,500 migrantes partieron de la frontera sur de México con la intención de llegar a los Estados Unidos antes del día 20 de enero, fecha de la toma de posesión del nuevo presidente de ese país, Donald Trump, quien ha anunciado la aplicación de una fuerte política antiinmigrantes desde el primer día de su mandato.
Trump ha prometido deportaciones masivas y restricciones de las políticas de asilo vigentes hasta ahora, lo que afectaría a millones de indocumentados que ya se encuentran en su territorio y a los que buscan entrar antes de su investidura.
Se sabe que el flujo de migrantes que huyen de sus países de origen por falta de empleo, altos índices de violencia y delincuencia, entre otras causas, sigue siendo alto a pesar de las anunciadas restricciones en Estados Unidos y también en México, en donde, según la presidenta de ese país, las caravanas “ya no llegan a la frontera norte” porque su Gobierno las atiende en el sur, donde ofrece opciones de empleo, refugio o retorno a sus países.
Por ahora, el temor a las decisiones del nuevo gobierno estadounidense enrarece el ambiente no solo en el que viven los indocumentados que ya están en territorio estadounidense y de quienes caminan hacia las fronteras con el afán de ingresar antes de la toma de posesión, sino también de los gobiernos de los países expulsores que deben prepararse para recibir a los que sean deportados -y que se espera se cuenten por miles- y la inminente reducción de las remesas, que en el caso de Honduras, son vitales para el sostenimiento de su economía.
En estos momentos es imprescindible que se trabaje en garantizar los derechos humanos de todos los migrantes, y, al mismo tiempo, en la elaboración de políticas que frenen los flujos masivos de personas que huyen de la pobreza, la violencia, el desempleo, la inseguridad o la exclusión social.
