La publicación de los audios que el consejero Marlon Ochoa entregó una semana antes al fiscal Johel Zelaya en los que supuestamente la consejera Cossette López junto al jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, y un militar activo no identificado tramarían un plan para alterar los resultados de las elecciones del próximo 30 de noviembre, llegó para revolver aún más las agitadas aguas de la política hondureña a un mes de las elecciones.
Un día antes, los diputados de la oposición se autoconvocaron con el propósito de extender el período de sesiones hasta enero de 2026 y bloquear, con ello, las intenciones del presidente del Legislativo de integrar una Comisión Permanente.
Otro de los ingredientes que tensaron el ambiente fue la denuncia de la magistrada Miriam Barahona que alertó sobre acciones judiciales que, según dijo, eran en represalia por sus resoluciones en el caso de la inscripción del diputado Jorge Cálix, poniendo en riesgo la independencia judicial.
Las intenciones que se tejen detrás de la conflictividad política que agita actualmente al país pueden ser muchas, y no contamos con el espacio necesario para analizarlo aquí.
Pero sí es propicio el espacio para llamar a todos y cada uno de los actores de la crisis al respeto irrestricto, sin interpretaciones antojadizas, de la Constitución y las leyes electorales, y nunca utilizar la justicia como herramienta política porque con ello se vulnera la esencia misma del Estado de derecho.
Son propicios los llamados desde el Conadeh a abstenerse de propiciar y difundir desinformación que pueda generar un clima de hostilidad, desconfianza o inestabilidad institucional en un momento tan decisivo para la democracia en Honduras.
Respetar la independencia de los organismos electorales es vital para transitar el último tramo del camino hacia el 30 de noviembre y el respeto irrestricto de la voluntad de los electores.
