La sociedad hondureña fue sorprendida por el asesinato de Juan Silva (70), y su hijo, Antonio (19).
Sus familiares los habían reportado como desaparecidos y tras una intensa búsqueda por pobladores, sus cuerpos fueron encontrados desmembrados y decapitados en un sector de difícil acceso en la aldea Las Botijas, Villa de San Antonio, Comayagua.
Ellos eran dos ambientalistas y protectores del bosque que habían denunciado en múltiples ocasiones la deforestación en áreas protegidas.
El día de su desaparición habían salido para documentar con fotografías la destrucción del bosque, lo que no lograron, porque los mataron de una manera cruel.
Sus cuerpos fueron desmembrados con una motosierra, según los informes preliminares.
Los asesinatos de Juan y Antonio vienen a engrosar una lista de más de 30 personas que han sido asesinados por sus luchas en defensa del medio ambiente, entre ellos, Jeannette Kawas Fernández, Carlos Escaleras Mejía, Carlos Antonio Luna, Berta Cáceres y Juan López.
En el caso de Juan y su hijo Antonio se conoció que ellos denunciaron la deforestación en la misma zona en la que aparecieron muertos a autoridades del ambiente de Tegucigalpa.
Desgraciadamente, su denuncia no fue atendida de inmediato, pues les pidieron pruebas documentales (fotos y videos) de la destrucción, antes de ir ellos por sus propios medios al lugar a verificar.
Ahora, sus familiares exigen justicia y las autoridades policiales han iniciado la investigación, pero pasan los días y no se conocen avances de las mismas, mucho menos si hay detenidos.
El Gobierno de la presidenta Xiomara Castro debe ordenar acelerar esas investigaciones y asegurar que los responsables de este abominable crimen serán identificados y juzgados debidamente.
La impunidad no debe seguir arropando los asesinatos de los defensores de los recursos naturales de la patria, pues la ausencia de la debida protección oficial que proteja sus vidas es la puerta para que más nombres se incorporen a la lista de víctimas.
