La ratificación del tratado de límites marítimos con Nicaragua tanto en el Caribe como en el Golfo de Fonseca, por el Congreso Nacional, constituye un acto histórico trascendental, ya que con ello se abren las puertas para, previa negociación con El Salvador, ejercer nuestra plena soberanía en aguas del Pacífico. Recuérdese que la sentencia emitida por la Corte Internacional de Justicia el 11 de septiembre de 1992 confirmó el status jurídico de la bahía de Fonseca como “bahía con caracteres de mar cerrado”, tal como se pronunció la Corte de Justicia Centroamericana en 1917, cuyas aguas, además de las franjas marítimas de tres millas para cada Estado, son compartidas tripartitamente por Honduras, El Salvador y Nicaragua en las aguas ubicadas en la porción central de la línea de cierre, y en las aguas afueras de él, como naciones ribereñas, constituyendo las zonas adyacentes, dentro de los respectivos límites, la prolongación de ese territorio marítimo.
Adicionalmente, en La Haya se determinó que Honduras tiene derecho de salida a mar abierto a través de la bocana, línea de cierre de la bahía, desde Punta Amapala hasta Punta Cosigüina, en El Salvador y Nicaragua, respectivamente.
Ya resueltos los aspectos jurídicos y geográficos con esta, corresponde ahora iniciar negociaciones con aquel que tradicionalmente se ha opuesto a pactar los límites marítimos correspondientes a una y otra república.
En aras de una mejora significativa en las relaciones bilaterales, el actual gobierno salvadoreño tiene la oportunidad de demostrar con hechos concretos su anuencia definitiva a dejar atrás tanto su renuencia a zanjar diplomáticamente la salida hondureña al Pacífico así como el deponer su pretensiones al islote Conejo en la bahía de Chismuyo, que pertenece jurisdiccionalmente al municipio de Alianza, Valle.
