El presidente Trump ya ha endurecido el enfoque migratorio de su país hacia los migrantes indocumentados que viven en Estados Unidos, lo que está impactando negativamente en miles de personas, infantes, adolescentes y adultos, provenientes sobre todo de América Latina, especialmente del Triángulo Norte centroamericano.
El ministro de Seguridad Nacional, John Kelly, ha girado instrucciones precisas a sus subalternos en el sentido de intensificar, profundizar y hacer más inflexibles los enfoques federales hacia la migración ilegal.
De esta forma se penaliza el intento de los progenitores residiendo en la nación norteamericana por reunirse con sus vástagos, desprotegiendo a aquellos y estos de garantías legales fundamentales como el debido proceso y el derecho de petición.
Ya se están intensificando las detenciones y deportaciones, privando a la industria de la construcción y a los agronegocios de mano de obra barata y eficiente, a la vez que incrementando el desempleo en las naciones de origen de estos migrantes.
A lo inhumano de estas draconianas medidas debe contraponerse la actitud generosa de varias ciudades y denominaciones religiosas en implementar políticas de puertas abiertas, ofreciendo santuario en sus jurisdicciones a quienes buscan refugio y amparo, lo cual habla elocuentemente del sentido solidario de amplios sectores poblacionales de Estados Unidos, opuestos a la intolerancia, el racismo y la exclusión, comprendiendo que ellos mismos son descendientes de inmigrantes.
Cabe preguntarse si programas adoptados por gobiernos anteriores al actual, como el TPS y el DAPA, continuarán vigentes o serán abolidos; de ocurrir esto último, las consecuencias serían devastadoras para miles de mujeres y hombres que, hasta ahora, han podido permanecer y trabajar sin temor a la deportación.
Priman la incertidumbre, el temor y la zozobra, con resultados negativos tanto para los afectados como para sus países de origen.
