La encuesta realizada por Insight Crime el 2024, a nivel del subcontinente americano, por segunda vez recibió similar respuesta por parte de las personas encuestadas: “el crimen organizado como el principal riesgo político que enfrenta América Latina y el Caribe”. Su capacidad de infiltrar gobiernos e instituciones, mediante una combinación de dinero y violencia, ha significado el debilitamiento del sistema democrático en diversas naciones, que o bien ya sucumbieron a esta ofensiva o están a punto de capitular. México, Ecuador, Haití, Colombia, Venezuela son los países más afectados, y Honduras va por el mismo camino de transformarse en estado fallido, prisionero de redes criminales.
El financiamiento de diputados para obtener curules en el Congreso Nacional es el caso más evidente, en nuestra patria, de hasta que punto el narcotráfico ha adquirido tal poder para decidir ya no solo la elección de legisladores, también de alcaldes.
Gracias al Tratado de Extradición con los Estados Unidos, varios de ellos se encuentran purgando sentencias condenatorias en la Unión Americana, incluyendo a un ex presidente de la República, tras habérseles comprobado sus vínculos y complicidad con los grandes capos locales e internacionales traficantes de estupefacientes.
Solamente un ataque frontal y permanente será capaz de impedir un mayor debilitamiento de nuestra frágil institucionalidad. En tal labor se requiere una muy bien planificada política en que intervengan, conjuntamente, los órganos estatales y la sociedad civil organizada, en labores de investigación, denuncia y judicialización.
Para ello, debe contarse con recurso humano integro y eficiente, a prueba de sobornos y chantajes, despojado de intereses subterráneos, que ame a su país y que este exento de cualesquier vinculo, pasado y presente, con el crimen organizado.
