Aunque nunca acreditó el triunfo en las elecciones de julio de 2024, Nicolás Maduro juró el viernes anterior para su tercer período de seis años en la presidencia de Venezuela y lo hizo arropado por los funcionarios de los poderes del Estado que él controla.
En papel mojado quedaron los informes como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que acreditó las graves violaciones a los derechos humanos por el régimen de Maduro en tres momentos: el primero “durante el período preelectoral, el Estado obstaculizó la participación política de la oposición, utilizando el control de diversas instituciones como el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)”; el segundo, “durante las elecciones presidenciales del 28 de julio. Ese día el Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendió la transmisión de los resultados y se rehusó a publicar las actas de votación que respaldaban el supuesto triunfo de Nicolás Maduro”, y el tercero “tras la jornada electoral, en lo que constituiría la tercera fase de la represión, la violencia aumentó en respuesta a las protestas de rechazo al fraude electoral”.
El informe destaca que “estas violaciones a los derechos humanos y prácticas de terrorismo de Estado son consecuencia de la cooptación de las instituciones estatales por parte del Poder Ejecutivo; de la corrupción y el control de los poderes públicos que han permitido que el régimen actúe con total impunidad”. Asimismo, concluye que “las circunstancias que rodearon la elección presidencial del 28 de julio configuran una alteración del orden constitucional. La opacidad electoral, y en general, las restricciones a los derechos políticos registrados impiden a esta Comisión considerar que la reelección de Nicolás Maduro goza de legitimidad democrática”.
Maduro ha dado así el tiro de gracia a la ya endeble democracia venezolana, desconociendo la voluntad de su pueblo, y dejando, con ello, un pésimo mensaje al mundo democrático.
