Tras el juicio en New York en el que compareció el exmandatario Hernández y las declaraciones de los testigos, tanto de la parte acusadora como defensora, se derivan conclusiones y cambios a adoptar que deben revestir carácter prioritario y urgente, si se desean honrosas y totalmente necesarias rectificaciones cuando aún hay tiempo de implementarlas.
Desgraciadamente, a escala internacional, nuestro país continuará siendo percibido como un narcoestado y como ruta de tránsito para el flujo de drogas procedentes de Sur América, con la reactivación de actores locales: traficantes, procesadores y lavadores de activos.
Se impone la depuración al interior de los distintos cuerpos de seguridad e inteligencia, algunos de cuyos altos cuadros han sido expuestos como aliados y subordinados al narcotráfico. Las relaciones con los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial y anfitrión de miles de compatriotas, actualmente deterioradas, deben ser restituidas a la normalidad, en el marco de un mutuo respeto y comprensión de las necesidades de ambas partes. Las impostergables reformas electorales deben ser adoptadas a la brevedad, de cara a las elecciones generales del 2025.
Finalmente, cualesquier proyecto de ley de extradición en reemplazo del actual auto acordado, no debe contener cláusulas protectoras de delincuentes a fin de escudarlos para evitar ser juzgados, mientras nuestro actual sistema de investigación y justicia no sea capaz de aplicar el espíritu y la letra de la legislación vigente en materia penal.
Si Honduras permanece cautiva y secuestrada, como hasta ahora, por el narcotráfico local y extranjero, se dirige inexorablemente al colapso total, derrotado por las mafias.
Enfrentamos coyunturas particularmente graves, que requieren de cirugía mayor para intentar extirpar los tumores que la devoran y la conducen a la muerte final.
