Las constantes lluvias que azotan el país han vuelto a exponer la alta vulnerabilidad que afecta al territorio nacional, dejando a su paso decenas de familias damnificadas, y a otras enlutadas por la pérdida de sus seres queridos, casas, vías de comunicación y cultivos destruidos, entre muchos otros problemas todavía no cuantificados.
La situación es grave y demanda del apoyo del Gobierno que, como casi siempre sucede en estos casos, recurre a los decretos de emergencia para autorizar las compras directas y con ello agenciarse los recursos que se requieren para la atención de la emergencia.
La Presidencia de la República ha emitido el Decreto Ejecutivo PCM 29-2025 que declara un estado de emergencia por 45 días en varios departamentos del país, con especial atención en el Distrito Central, una de las zonas más afectadas por el temporal.
Esto pasa porque a sabiendas de que Honduras es uno de los países más vulnerables del planeta y que los fenómenos naturales lo golpean sea en invierno o verano, no se han tomado las previsiones necesarias para hacer las obras que se requieren para disminuir los niveles de vulnerabilidad, y si bien los organismos de socorro cuentan con fondos para atender en estas situaciones, los mismos nunca alcanzan por la magnitud de las desgracias.
En el pasado, las compras directas han sido cuestionadas por ser percibidas como una de las principales vías para facilitar la corrupción y el uso discrecional de los fondos.
Los temores no son infundados, y más en el contexto actual de alta polarización en la recta final hacia un nuevo proceso electoral.
Se aplaudiría que en esta ocasión se apueste por el manejo transparente de los fondos, teniendo como principal línea de acción la planificación y los mecanismos de control que aseguren el uso pertinente de tales recursos. No debería ser difícil para la actual administración hacerlo.
