La trata de personas está considerada como una de las peores atrocidades que puede cometer un ser humano contra otro. Un delito deleznable, inhumano, cruel, del que desgraciadamente pueden ser víctimas cualquier persona, independientemente de su edad, género, nacionalidad o condición social.
Sin embargo, en países con altos índices de pobreza, como el nuestro, las mujeres, las niñas, los adolescentes viviendo situaciones de pobreza y pobreza extrema, de bajo nivel académico, migrantes irregulares y víctimas de crisis humanitarias (como las tormentas Eta y Iota, y la pandemia de covid-19), se vuelven más vulnerables a las redes de delincuentes nacionales e internacionales que se mueven en el territorio nacional a la caza de sus víctimas.
Desgraciadamente, y debido a la naturaleza oculta del delito y la dificultad para identificar a las víctimas, se trata de un delito del que muy poco se tienen estadísticas que permitan dimensionar la gravedad del mismo. Este año, el Ministerio Público ha informado del rescate de 25 víctimas en operaciones contra la trata de personas y la presentación de 21 requerimientos fiscales, mientras que desde la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT) se informa constantemente de actividades encaminadas a enfrentar este delito y rescatar a las víctimas, esfuerzos, sin duda, loables.
En este 2025, desde las Naciones Unidas se celebra el Día Mundial contra la Trata con el lema: “La trata de personas es un crimen organizado: ¡Acabemos con la explotación!”, y se llama a aplicar la ley de manera estricta, a que las fuerzas del orden participen activamente y el sistema de justicia penal luche por el desmantelamiento de las redes de trata organizada, garantizando un enfoque centrado en las víctimas; un largo camino que en Honduras se tiene que comenzar a recorrer.
