La salida del país de la directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, tras ver vulnerada su seguridad personal y la de su familia, es un hecho que no debe pasar desapercibido para la ciudadanía ni tomado en chiste o mofa por los funcionarios del Estado llamados a proteger la vida y respetar los derechos humanos fundamentales de sus ciudadanos, aunque estos no sean afines a la ideología política de quienes gobiernan.
Aunque muchos no estén de acuerdo, se debe reconocer que Castellanos desde la dirección del CNA en 2014, es una de las principales abanderadas de la lucha contra la corrupción en Honduras, con más de 140 investigaciones que han incomodado al poder de turno, lo que no debería ser un motivo para amenazar su seguridad y también amedrentar a las personas y organizaciones de sociedad civil que se dedican a este trabajo.
Está claro que en países como el nuestro, la lucha contra la corrupción debe ser el eje transversal de cualquier administración, y sus abanderados, los principales aliados, nunca sus enemigos o, peor aún, ser vistos como agentes desestabilizadores.
Por eso, la denuncia de Castellanos al igual que la de muchos hondureños y hondureñas más que se sienten vulnerados en su seguridad y sus derechos humanos deben ser tomadas en serio, investigadas, y los responsables llevados ante la justicia.
Ese debe ser el papel de las actuales autoridades gubernamentales, actuar con la debida diligencia, tal como se establece en la legislación nacional, y nunca poner en duda las denuncias, lo que solo aumentan los grados de vulnerabilidad a la que estaría sometida Castellanos, y al igual que ella, todos aquellos que investigan y denuncian actos de corrupción y demandan la transparencia como eje primordial de la función pública.
