Honduras no avanza en su lucha contra la corrupción y la impunidad, esas son sólo dos de las conclusiones de un informe del organismo de sociedad civil Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), presentado esta semana en Tegucigalpa.
Honduras “sigue ocupando últimos lugares en índices de democracia, Estado de derecho, transparencia legislativa y percepción de corrupción”, subraya el informe, en el que además señalan que tampoco se ha cumplido con una de las principales promesas de campaña, la de crear una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) y califican como un retroceso el declarar la secretividad de las negociaciones de este organismo con las Naciones Unidas.
Malos datos, malos augurios, para un país que tiene en la corrupción y la impunidad dos de los principales obstáculos para avanzar en la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria, y en la lucha contra la pobreza que golpea a más del 70% de su población.
Datos, cifras, conclusiones, que más allá de ser cuestionadas por quienes ostentan el poder en la actualidad deben ser tomados como un insumo para buscar soluciones a los graves problemas que en el mismo se detallan. La lucha contra los flagelos de la corrupción, la impunidad, la opacidad, deben dejar de ser promesas de campaña electoral y pasar a ser el eje central de la administración de quienes salen electos en esos procesos.
Es necesario su compromiso genuino y acciones concretas para promover la transparencia, fortalecer las instituciones y fomentar una cultura de integridad en la sociedad.
El informe sólo refleja que queda mucho por hacer para caminar hacia el fortalecimiento de la institucionalidad y la democracia, así como para enrumbar al país hacia estadios de desarrollo y oportunidades para toda su población, incluidos aquellos que hoy tienen como único norte el de la migración a los Estados Unidos y otros países del mundo en busca de las oportunidades que no encuentran en su patria.
