En la homilía dominical, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez se refirió en estos términos al financiamiento estatal de la primera ronda electoral: “Son simples elecciones primarias..., ¿cómo es que se invierten tantos millones?, ¿para qué?, mientras tenemos tantísimos deportados y ahí habría que concentrar los fondos y no en algo que es pasajero y son intereses puramente personales”.
Palabras certeras que permiten reflexionar respecto al destino al que se canalizan sumas cada vez más crecientes de nuestros impuestos, existiendo tantas áreas de carácter social no solo desatendidas por el sector público, además en acelerado deterioro: salud, educación, seguridad.
El presupuesto actual para el financiamiento de las elecciones primarias del 9 de marzo de este año se incrementará en 35.6% respecto al financiamiento de las acaecidas el 2021, que significaron el desembolso de 1,100 millones de lempiras.
Ya en septiembre de 2024 el Congreso Nacional había aprobado un presupuesto para el Consejo Nacional Electoral (CNE) de 1,492 millones de lempiras, cantidad que para el segundo país más pobre de América representa una suma desproporcionada y onerosa, un derroche que debería ser asumido por los partidos políticos y sus respectivos precandidatos y no por nosotros, los contribuyentes.
No es casual ni fortuito que la credibilidad del sistema democrático está siendo cuestionado por sectores significativos de la población, que perciben a la clase política en su conjunto como irrelevante y parasitaria, de espaldas al bien común, manipuladora y demagógica, tan solo interesada en acceder al poder y disfrutar de los múltiples privilegios que ello representa, sin propuestas realistas y factibles de superación de nuestra deplorable condición de miseria, carentes de una visión y un horizonte imbuidos de amor patrio
