Elba Banegas López y su hijo de nueve años fueron asesinados en la aldea Pueblo Nuevo, Guata, Yoro; mientras que Juana Urbina fue asesinada con saña junto a su esposo en el sector de Agua Fría en el municipio de Jocón, en el mismo departamento.
María Antonia Tobías y su hija María Eva Rivera perdieron la vida junto a dos parientes más que las atacaron a tiros en su casa en Cololaca, Lempira; Alba Zelaya fue encontrada muerta en Choloma, Cortés, y el cuerpo sin vida de otra mujer que no fue identificada de inmediato fue dejado en una concurrida calle de la colonia 21 de Febrero en Comayagüela.
Los nombres de ellas se suman a una lista de más de 40 mujeres que han sido asesinadas en los primeros meses de este año en espacios públicos, en sus casas, a balazos, a machetazos, y a las de miles más que en los últimos años han sido víctimas de una imparable ola de violencia y de impunidad que cubre la mayoría de estas muertes.
Las voces de protesta y reclamo por políticas que garanticen la vida y la seguridad de las mujeres en todos los ámbitos de su vida se diluyen y no alcanzan a llegar a los más altos estamentos de la administración del Estado, que están obligados a promover esas políticas que tengan como eje central de acción el cumplimiento irrestricto del derecho a la vida de las mujeres y niñas.
El aparato de justicia tampoco funciona. Los asesinos, en su gran mayoría, siguen libres.
Pero algo se tiene que hacer. No pueden seguir de manos cruzadas, sumando nombres a la larga lista de víctimas.
La presidenta Castro deberá ordenar a sus subalternos que se sienten y definan políticas y acciones que lleven a enfrentar esta problemática de manera más efectiva.
No hay justificación valedera del porqué se cometen y se siguen cometiendo estos delitos.
