Se cumplieron tres años de la desaparición forzada de los defensores garífunas Milton Joel Martínez, Suami Aparicio Mejía, Gerardo Misael Tróchez y Alberth Snaider Centeno, ocurrida el 18 de julio de 2020, en El Triunfo de la Cruz, Tela, Atlántida.
En esa fecha, los hombres fueron supuestamente secuestrados por individuos armados que vestían chalecos de la Policía de Investigación (DPI), aunque hasta ahora no se ha conocido una versión oficial a pesar de los reclamos de la comunidad garífuna y de organismos nacionales e internacionales defensores de derechos humanos, y de que las autoridades competentes anunciaron que equipos especiales se dedicarían exclusivamente a la investigación del caso.
Lo cierto es que el silencio y la inacción oficial solo favorecen a los responsables de la desaparición de los dirigentes garífunas y nos siguen exponiendo como uno de los países de la región con altos grados de impunidad contra la integridad física y la vida de las personas, precisamente por la falta de investigación por parte de las instituciones encargadas de la seguridad pública y de la impartición de justicia.
La Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDHHN) instó al Estado a avanzar en la búsqueda de los desaparecidos y asegurar el acceso a la justicia, y el Conadeh pidió también ofrecer resultados serios, concluyentes y efectivos de las investigaciones, procesar a los responsables y adoptar las medidas necesarias de no repetición de estos hechos.
Esperemos se escuchen estas demandas, pues el respeto a los derechos humanos que son inherentes a todas las personas, sin importar su origen étnico, género, religión o nacionalidad, debe ser una acción concreta y efectiva por parte de los gobiernos, sin importar su ideología, y no simplemente un discurso vacío
