El primero ha alcanzado desde hace unos años dimensiones monstruosas ante la falta de acción de las autoridades que no supieron frenar a tiempo una actividad criminal que resta millones de lempiras a pequeños y medianos negocios, sobre todo a sus víctimas predilectas, los transportistas.
Una indeterminable cantidad de vidas, negocios cerrados y desplazamientos es el alto precio que el país ha venido pagando a estos grupos abyectos. Mientras que la corrupción bien podría ser la lágrima con la que el escritor Rafael Heliodoro Valle dijo que podía escribirse la historia de Honduras. Y es que tal flagelo parece ser parte del ADN de servidores públicos desde siempre, con las terribles secuelas para nuestro país, privado de sus recursos por quienes lo gobiernan para su lucro y el de sus descendientes. Si el resto de la cadena hace su trabajo con responsabilidad y compromiso, a estos nuevos tribunales en materia de corrupción y extorsión les espera un trabajo colosal.
Pero es una batalla que hay que librar y que el Poder Judicial y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) hayan definido ya un protocolo para el nombramiento de los jueces anticorrupción es también digno de resaltar. A estos jueces no les debe temblar la mano, caiga quien caiga, porque de lo contrario el esfuerzo de la Misión y del país será en vano.
Aunado a estas acciones con las que esperamos ver resultados positivos, las autoridades deben poner la mirada también en la construcción de una sociedad con valores, apuntando sobre todo a los niños y jóvenes para prevenir su participación en el delito, ya sea dentro de pandillas, crimen organizado o como futuros servidores públicos de modo que se logre reducir estos males a su mínima expresión. Y que un día tengamos la certeza de que quienes caigan en la tentación no quedarán impunes.
