Un hecho importante para la vida del país ha sido encabezado por el presidente Juan Orlando Hernández, y pasado desapercibido por la ciudadanía. El gobernante ha inaugurado el año académico 2019 con el anuncio de que se espera que 2.2 millones de niños y niñas acudan a las aulas escolares.
Para lograr la meta han anunciado la simplificación de los requisitos en la matrícula, es decir que este año no exigirán a los padres y madres de familia la partida de nacimiento del estudiante.
También ha dicho que este será el año de la calidad educativa y que con el apoyo de los fondos de la tasa de seguridad y del gobierno de Taiwán impulsarán un agresivo plan para mejorar la
infraestructura escolar.
Pero el reto es mayor.
El año pasado, un informe del Observatorio Universitario de la Educación Nacional e Internacional de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPN-FM) reveló que el porcentaje de deserción escolar se situó en un 3.9%; mientras que los índices de reprobación llegaron al 5.1% y el de repitencia creció hasta el 4.2%. Según esos porcentajes, en 2018, 77,067 alumnos desertaron de la escuela y otros 93,124 se
enfrentan a la reprobación.
El reto este año debe ser asegurar que estos niños y niñas vuelvan a sus centros escolares, y para lograrlo, garantizar a sus padres y madres, a sus familias, entornos dignos y seguros en los
cuales desembolverse.
Deben tomarse acciones que garanticen que el proceso de enseñanza-aprendizaje se realice sin ningún tipo de sobresaltos, no importando el lugar donde esté situado el centro escolar, garantizando la movilidad de los docentes y estudiantes a sus centros de estudio.
A la par, el Estado está en la obligación de dotar a docentes y estudiantes de los materiales y equipos didácticos que demanda la educación hoy en día. No hacerlo mantendrá, sin duda, a más del 60% de hogares de la nación viviendo (y sin posibilidades de romper) en el círculo de la pobreza en el que estan atrapados desde
hace muchísismos años.
