La reciente denuncia de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) sobre las irregularidades detectadas en la concesión y posterior ejecución del Corredor Turístico a través de una Alianza Pública Privada (APP) seguro que ha puesto en aprietos a Coalianza. En un informe, la ASJ se ha referido a las anomalías detectadas como “un caso emblemático” que “se relaciona con la opacidad y negligencia con la que actúa el Estado en la estructuración, contratación y ejecución del contrato de concesiones de obras de infraestructura”, y ha señalado, además, que es un caso que “ha puesto al desnudo la falta de transparencia e irresponsabilidad de las instituciones encargadas -de acuerdo a su mandato- de gestionar este tipo de contratos, tal es el caso de la Coalianza, la Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP), la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep) y la Secretaría de Finanzas (Sefin)”.
El presidente de Coalianza, Miguel Ángel Gámez, ha salido al paso y ha anunciado que el gobierno, con la sociedad civil y los empresarios, auditará las Asociaciones Público Privadas (APP), aunque no dio detalles de quiénes integrarán las comisiones y de cuándo iniciarán los trabajos. Ojalá que sea pronto. La denuncia de la ASJ es seria y demanda que se proceda de inmediato a investigarla, y dar una explicación clara y racional sobre lo que ha pasado con la concesión del Corredor Turístico. ¿Se está o no ejecutando? ¿Qué ha pasado con la empresa concesionaria de la obra? ¿Cuánto cuesta la obra? ¿Hay demandas contra el Estado por incumplimiento de contratos?
En resumen, están obligados a responder (y explicar), con puntos y comas, a cada uno de los cuestionamientos presentados en el informe de la ASJ y demostrar con hechos que han estado actuando con transparencia y que no han tirado las cartas bajo la mesa para favorecerse o favorecer a grupos o empresas predeterminadas. Y no solo eso, los órganos de justicia competentes también deben abrir de oficio las investigaciones pertinentes que lleven al castigo de los responsables de las anomalías señaladas, si es que al final las mismas se comprueban. Hay que sentar precedentes para que estos hechos no ocurran más, es imperativo en la lucha contra la corrupción.
