Todo pasa a la vista y paciencia de la comunidad estudiantil y civil, que son simples observadores de cómo los nuevos clanes familiares han ido tomando posesión y posiciones en la nueva estructura del centro educativo; que solo hubo un cambio de manos, que los que estaban arriba, los amigos del exrector y exministro que ayer rectoraba la UNA, salieron por la puerta de atrás, a la espera de ser juzgados por todas las anomalías administrativas que pudieron haber cometido, y otros, sus críticos, ahora saborean las mieles del poder. Pero lo más lamentable es saber que la matrícula ha caído en casi un 50% y que la carrera más afectada es la de agronomía, una rama de la educación que debería potenciarse dado la vocación agrícola del país y el aporte de este sector a la economía. Ante la denuncia, el gobierno, el Congreso Nacional y el Consejo de Educación Superior deben retomar el tema y demandar de los interventores acciones inmediatas y viables para mejorar, prioritariamente, las condiciones de vida de los estudiantes en el campus, la administración de la institución y, los más importante, impulsar una reforma académica que garantice un proceso de enseñanza de alta calidad, acorde a las demandas de los estudiantes y la sociedad. Una reforma que abra las puertas de ese centro educativo a los menos favorecidos económicamente para que una vez formados vuelvan a sus comunidades a impulsar y ser pilares del desarrollo que tanto demanda Honduras.
Es lamentable darse cuenta que ya han pasado dos años de la intervención de la Universidad Nacional de Agricultura de Catacamas, Olancho, y que las condiciones de precariedad persisten en ese centro educativo. EL HERALDO ha regresado para conocer los avances del proceso que se suponía mejoraría las condiciones de trabajo y la enseñanza, pero, para nuestra sorpresa, encontramos que la situación se mantiene.Tenemos que reconocer que se han dado pasos hacia adelante en algunos temas, es preocupante la persistencia de otros. Los estudiantes que llegan desde los sectores más pobres del país siguen viviendo en hacinamiento; la alimentación y los servicios de salud son deficientes y no cuentan siquiera con acceso libre a Internet. Ahora resulta que las nuevas autoridades -medias e intermedias- se han nombrado por afinidad a los miembros de la junta interventora, obviando, en muchos casos los procesos legales de contratación, la capacidad, el conocimiento y la experiencia académica que se demanda en estos casos.
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