El representante de las Naciones Unidas en Honduras, Igor Garafulic, ha anunciado para mañana martes la instalación formal del diálogo político nacional.
El acuerdo se ha logrado tras el bochornoso incidente del día 15 de agosto en el cual los representantes de los partidos que participarán en el proceso se enfrentaron entre sí, como niños malcriados, por el número de representantes del oficialista Partido Nacional.
Pero al parecer esas diferencias se han superado y tras 17 reuniones han decidido que mañana -por fin- se instalará formalmente el diálogo en una reunión que contará con la participación de las tres fuerzas políticas que han venido participando en la conformación del mismo: es decir, del Partido Nacional (en el poder), el Partido Liberal y del exprecandidato presidencial de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla.
No estarán presentes, como ya se sabía, los dirigentes del Partido Libre del expresidente Manuel Zelaya Rosales, quienes estuvieron condicionando su participación a una agenda ligada a sus intereses, y más bien han iniciado este fin de semana pasado su propio “diálogo” nacional, bajo sus propias reglas y su propia agenda de temas.
La sociedad está a la expectativa de lo que suceda a partir de mañana por el bien del país. Aspira a que quienes lleguen a esas mesas no olviden que están allí representando los intereses de los hondureños y hondureñas de tierra adentro, de los que no tienen voz ni voto en esas instancias, y mucho menos posibilidades económicas para viajar a Tegucigalpa a hacer valer sus opiniones, pero que sí cada cuatro años van a las urnas a votar por quienes creen volverán los ojos un día a sus comunidades y les ayudarán a solventar sus problemas de vida.
Aspiran a que sean los intereses de Honduras los que prevalezcan en las discusiones y marquen los acuerdos que allí se tomen, dejando de lado sus intereses personales o de los pequeños grupos de poder a los que pertenecen.
No será fácil, pero es lo que demanda un país que requiere reforzar su democracia para retomar la senda del crecimiento sobre cimientos en los que prevalezca el respeto a la institucionalidad y a los derechos humanos de sus ciudadanos.
