La CIDH reconoció que se han dado pasos para garantizar estos derechos, pero advirtió que lo hecho no es suficiente, ya que persisten desafíos con la institucionalidad democrática y el Estado de derecho. En lo que se refiere a la libertad de expresión, el mensaje dejado es claro: “La Comisión observó un panorama de extrema complejidad en Honduras. La persistencia de elevados niveles de violencia contra periodistas y la impunidad de la mayor parte de los crímenes continúa siendo un grave problema”, citaron en su informe preliminar.
Mostraron preocupación por la decisión del Poder Legislativo de aparentemente mantener los delitos de injurias, calumnias y otras figuras que afectan a la libertad de expresión en la reciente reforma integral del Código Penal y la presentación de un proyecto para regular las redes sociales. Asimismo, “por las agresiones graves de actores estatales y no estatales, a medios y periodistas” que se registraron en el contexto de la crisis poselectoral, y una “ola de amenazas, estigmatización y ataques en redes sociales a periodistas de ambos lados de la fractura política y social en la que se encuentra sumergido el país”.
La radiografía es desoladora y el mensaje de los delegados de la CIDH contundente.
Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, lo planteó sin ambages. Dijo que en el caso de las agresiones a la prensa y los periodistas “los cuerpos de seguridad tienen que entender que los periodistas están allí para cumplir con una tarea esencial que es de informar lo que está pasando”.
Pero la deuda pendiente del Estado es grande. Se debe acelerar el paso para castigar a los responsables del asesinato de más de 70 comunicadores en los últimos 15 años e impulsar políticas y herramientas que garanticen la libertad de prensa, y con ello la libertad de expresión y de acceso a la información de la ciudadanía.
