Editorial

Transporte público y nuevas tarifas

Los transportistas han venido exigiendo alzas a las tarifas para compensar los consecutivos incrementos al precio de los carburantes y con ese fin acordaron junto con el gobierno la conformación de mesas técnicas para definir los reajustes en el transcurso de esta semana.

La propuesta del sector es aumentar 6.70 lempiras al precio del bus amarillo, que pasaría a costar 10.70; cuatro lempiras a los “rapiditos”, que cobrarían 15; cinco al taxi colectivo, que quedaría en 18 lempiras; y dos a las mototaxis, que costarían 12 lempiras.

Pretensiones groseras en perjuicio de los usuarios, que siguen soportando las pésimas condiciones en que se encuentran muchas unidades, además del mal servicio. Y es que pese a tantos años de gozar de subsidios y otras prebendas, cuando los combustibles estaban a precios mucho más competitivos, los transportistas nunca cumplieron con las promesas de comodidad y seguridad.

Las unidades chatarra continúan circulando en condiciones que son un peligro para los usuarios, quienes nunca han sido primordiales en la prestación del servicio.

El gobierno, de su lado, ha planteado que deben consensuarse tarifas justas para ambos lados, aunque la balanza siempre se ha inclinado a favor de un sector salpicado por la corrupción y la politiquería.

Cuando se trata de incrementos a los precios, los empresarios del transporte golpean fuerte, pero cuando hay que retribuir, como cuando se dieron las bajas históricas del petróleo en 2014, las intenciones se quedan en amago.

Se aprobó una ley de transporte con la que se pretendía reducir la inseguridad y mejorar las condiciones del servicio, pero ha sido papel mojado y más bien están presionando para que se modifique la normativa a su gusto y conveniencia.

A la hora de consensuar nuevas tarifas deberían tomarse en cuenta otros factores, además del aumento a los combustibles, como la atención, seguridad y cobertura del servicio de transporte, que no siempre cumple con los horarios ni las rutas establecidas, para malestar de los usuarios que no tienen derecho ni al pataleo.