De los menores de edad procedentes de Honduras, El Salvador y Guatemala que se han trasladado solos o acompañados hacia los Estados Unidos, en un trayecto de por sí altamente riesgoso, con la esperanza de reunirse con sus progenitores o parientes cercanos residentes en esa nación, y que han logrado ingresar a territorio estadounidense, en donde las autoridades migratorias los han enviado a distintas ciudades, se ignora hasta ahora el paradero de 1,475. Así como pueden estar conviviendo con familiares, en espera de una decisión federal respecto a si son aceptados o deportados a sus países de origen, también existe la posibilidad de que se encuentren en manos de traficantes de personas que los obligan a ejercer trabajos no acordes con su edad, o peor aun, sometidos a abusos sexuales. Resulta inexplicable que contando con tecnologías informáticas de punta, incluyendo bases de datos y redes computacionales, Washington no puede informar con certeza la actual ubicación geográfica de estos infantes.
No es la primera vez que las autoridades migratorias no pueden dar, con certeza absoluta, una explicación acerca del paradero de niñas y niños migrantes: el 2016, 4,159 de ellos se perdieron en los laberintos burocráticos, desconociendo su actual paradero. Otra actual política migratoria, aplicada con el propósito de disuadir a adultos migrantes a ingresar a territorio estadounidense acompañados de menores, resulta en una cruel decisión: la separación física de padres y madres de sus vástagos. El trauma moral y psicológico producto de esa orden es obvio.
Nuestro gobierno ha informado que por medio de los consulados iniciará un censo para determinar quiénes son, dónde y en qué condiciones viven dichos niños (as). De acuerdo con la Cancillería, 4,624 menores hondureños han sido retornados de Estados Unidos. El drama continúa, sin visos de soluciones humanitarias.
