Los presidentes de los poderes del Estado han salido al paso de denuncias referentes a que existirían fuerzas políticas moviéndose para manipular la elección del fiscal general y fiscal general adjunto (que está en proceso), y en su defecto nombrar una comisión interventora “que garantice la impunidad que ha prevalecido históricamente en Honduras”.
“Respetemos este proceso, cuidemos este proceso. Sería grave para el país. Sería un error hablar de una junta interventora”, ha dicho el presidente de la República, Juan Orlando Hernández. “No me voy a prestar a este tipo de situaciones.
El triunvirato no es una figura que está dentro de la Constitución”, dijo el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.
A ellos se ha unido el titular de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, al señalar “todos debemos actuar en el marco de la ley y nosotros vamos a garantizar que lleguen cinco candidatos al Congreso”.
Les tomamos la palabra. No puede ser de otra manera. Todos ellos están obligados a velar por el fiel cumplimiento de las leyes, y en este caso de los mecanismos ya establecidos para la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público.
La clase política, incluyendo a quienes quieren seguir influyendo en decisiones de interés colectivo para salvaguardar sus intereses personales, debe estar clara que el país camina, y debe fortalecer su camino, hacia el perfeccionamiento de su democracia y que si cometieron yerros a lo largo de sus carreras políticos y públicas, deben prepararse para defenderse en los tribunales de las acusaciones que puedan llegarles.
Como sociedad sabemos que estos procesos no son del todo puros, pero sí demandamos que sean lo más transparentes posibles, que en el proceso de selección se sigan las reglas del juego establecidas, y que de una vez por todas, los políticos corruptos, los grupos irregulares que han tenido en Honduras una tierra fértil para hacer sus fechorías, vayan entendiendo que el país ha comenzado a cambiar y que ahora, aunque débiles, hay grupos sociales siguiéndoles de cerca y vigilantes para hacer una denuncia oportuna para que no se tuerzan los caminos de la ley. No es una tarea fácil, pero está en marcha.
