El enfrentamiento entre vendedores ambulantes y policías municipales en la ciudad de Comayagua, que dejó un muerto y dos heridos, debe llamar a la reflexión sobre un tema social nunca resuelto.
Por un lado está el hecho de que estos comerciantes invaden aceras, generan desorden, afectan al comercio formal e irrespetan la ley al desobedecer las ordenanzas que prohíben su permanencia en ciertos lugares. Y como si no fuera suficiente, luchan cuerpo a cuerpo con los policías locales que pretenden desalojarlos.
De hecho, el problema de las peleas entre vendedores y policías no es nuevo y tampoco exclusivo de esta ciudad cuyo desarrollo depende en gran medida del turismo, particularmente el religioso. Pero por el otro lado hay un drama humano, ya que estos hondureños carentes de otras oportunidades, víctimas de la pobreza y la exclusión, solo quieren trabajar para llevar el sustento a su hogar.
¿Se puede ignorar que mientras algunos optan por robar, asaltar, extorsionar y hasta matar para hacer dinero fácil, ellos trabajan de sol a sol, conscientes de que si no venden no comen? Y hay que mencionar además los riesgos a que se exponen al transitar en la calle con su mercadería. Lamentablemente, las medidas dirigidas a ellos han estado más orientadas a apartarlos como una presencia indeseable para los peatones y el comercio, y no a integrarlos a la economía formal.
No se quiere así justificar la violencia, la anarquía ni el daño económico y social que genera la informalidad. Pero sí hacer hincapié en la necesidad que hay de buscar respuestas a las necesidades de estos compatriotas y a su derecho de tener un trabajo.
Autoridades y sector privado están llamados a generar las condiciones para que los vendedores que deambulan en la mayoría de ciudades de nuestro país dejen de competir con el sector formal y más bien se sumen.
Especialmente, hay que romper el círculo con los hijos de comerciantes informales que por la falta de estudio siguen sus pasos en las calles, en una historia de nunca acabar.
