l incendio en el predio donde el Ministerio Público y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) mantenían varios cientos de vehículos es otra muestra más de la improvisación, negligencia e irresponsabilidad con que operan muchas instituciones públicas.
No es la primera vez que pasa, en agosto de 2017 ocurrió lo mismo, si bien en menor proporción comparado con esta última conflagración en la que resultaron destruidas -según los datos preliminares- al menos 300 unidades, entre carros, mototaxis y buses, que eran evidencia en un proceso judicial, clonados, recuperados después de ser robados, usados en actos ilícitos o decomisados a conductores del transporte público por irregularidades, entre otros.
Las pérdidas son millonarias y el Estado, como único responsable de ellas, tendrá que resarcir con el dinero de los contribuyentes a los afectados, que ya anunciaron a través de sus abogados las primeras demandas por los daños causados.
Muchos de los automotores que resultaron incinerados se fueron acumulando durante años debido a la burocracia que aqueja a la administración pública -de la que no se salvan los operadores de justicia- y que impidió que esos bienes fueran devueltos a sus dueños cuando correspondía y en las mismas condiciones que tenían al ser retenidos.
Esperemos que la destrucción de aquellos automotores que eran evidencia en casos judiciales no signifique trabas ni retrocesos en la aplicación de la justicia. Así mismo, que se esclarezcan las causas del siniestro y que, de haber mano criminal, se deduzcan las responsabilidades. Las que deben aplicarse también a quienes corresponda si resulta que las llamas iniciaron fortuitamente, atizadas por las altas temperaturas, las inflamables zacateras y el combustible de los vehículos. Lo segundo no quita que hubo negligencia e irresponsabilidad, así como falta de previsión, vigilancia y seguridad, máxime cuando ya se tenía antecedentes de hechos similares.
Que bienes materiales bajo resguardo del Estado terminen destruidos es motivo de vergüenza y, lo peor, refuerza aún más la desconfianza y la falta de respeto a las instituciones.
