Las fiestas de fin de año no han terminado todavía y ya se registran en todo el territorio nacional 49 personas quemadas por manipular pólvora. Es una cantidad alarmante y lamentable.
Como para los hondureños es una costumbre celebrar la Navidad y la llegada del año nuevo explotando artefactos con pólvora, los medios de comunicación y los cuerpos de socorro buscan crear conciencia en la población sobre los riesgos en el manejo de petardos y morteros, enfatizando en la protección de los niños; pero la cifra de víctimas, lejos de reducirse, tiende a aumentar.
Al sumar a los quemados en Nochebuena otros 22 casos registrados entre noviembre y principios de diciembre, la cifra aumenta a 71 afectados, entre menores y adultos, superando los 42 hechos similares que se presentaron en 2016.
El portavoz del Hospital Escuela Universitario, Miguel Osorio, hace dos días informó que la Unidad de Quemados de Niños y de Adultos se encuentra ocupada en un cien por ciento. El internamiento de uno de estos pacientes le cuesta al Estado aproximadamente 10,000 lempiras diarios, pero lo más preocupante son las secuelas que algunos llevarán toda la vida.
En la lucha para evitar este tipo de hechos, los padres de familia tenemos la mayor responsabilidad. Pero igual obligación tiene el Estado con el control de los distribuidores y fabricantes.
El artículo 96 del Código de la Niñez establece que “ninguna persona natural o jurídica podrá vender, donar o entregar a un niño, a cualquier título: a) Armas, municiones, explosivos y pólvora en general; b) Fuegos artificiales, salvo aquellos que carezcan de poder explosivo”.
Según la normativa, el incumplimiento de estas disposiciones será sancionado con multa hasta de cincuenta mil lempiras, sin perjuicio de las demás medidas civiles, administrativas y penales aplicables.
Pero en un país que carece de institucionalidad y de eficientes operadores de justicia, lo único que nos queda es recordar nuestro deber para evitar que la pólvora le siga arrebatando la felicidad a los pequeños
