Si este cuenta con un sistema judicial independiente, inmune a las presiones públicas y privadas, eficiente y comprometido con la recta aplicación de la justicia, logra exitosamente debilitarlo y llevar a juicio a quienes son encontrados culpables de cohecho.
Por el contrario, si adolece de debilidades estructurales está sujeto a la interferencia de otros poderes estatales y/o a influencias indebidas de poderosos grupos económicos, con lo que tanto la corrupción como la impunidad se fortalecen y crecen infectando la totalidad del tejido social.
La corrupción afecta las finanzas públicas y privadas, empobreciéndolas; también corroe la fibra moral de los sistemas políticos, secuestrando la integridad, dignidad y honor individual y colectivo.
La rendicion de cuentas, la transparencia, el acceso a la información por parte de la población, la auditoría social y la toma de conciencia constituyen armas adicionales en la lucha contra este flagelo y debe involucrar a la totalidad de la ciudadanía a efecto de denunciar cualquier atentado a la honradez y el correcto manejo de fondos a fin de que los órganos competentes cuenten con elementos probatorios verídicos y comprobados más allá de cualquier duda que permitan llevar a juicio a los (as) implicados (as) y sus cómplices.
Honduras, desde épocas muy tempranas ha padecido, e incluso tolerado, de manera crónica y sistemática este mal.
Paulatinamente, y contando con el apoyo de naciones amigas y organismos internacionales, ha decidido enfrentarlo, comprendiendo que no puede continuar de manera pasiva presenciando el colapso de su economía y su ética.
En este proceso se encuentran contraataques, desinformaciones, asechanzas y emboscadas por parte de las fuerzas corruptas, por lo que el respaldo ciudadano es esencial para no sucumbir ante las ofensivas de la corrupción e impunidad, que pueden y deben ser atacadas para eventualmente derrotarlas.
