La vigente legislación electoral debe ser reformada o reemplazada a efecto de tornarla incluyente y totalmente transparente, blindada contra cualquier manipulación o diversidad de interpretaciones.
El TSE y el RNP deben ser modernizados en sus infraestructuras, a tono con la tecnología y con personal despolitizado, competente, profesionalizado en todos sus niveles. Los partidos políticos y sus dirigencias deben actualizarse en sus agendas doctrinarias para ajustarlas a las expectativas y anhelos populares. La toma de decisiones debe ser resultado de amplios consensos partidarios y no el reflejo de la voluntad unilateral del caudillo y su facción.
El histórico bipartidismo ha quedado superado, lo que puede significar una saludable profundización y consolidación de nuestro incipiente aprendizaje democrático, siempre y cuando la atomización no sea utilizada para dividir y fragmentar al electorado.
El desembolso de millonarias sumas en publicidad y propaganda política no siempre son garantía de que el partido que más invierta será necesariamente el triunfador de la campaña electoral, que debe dejar de ser frívola y superficial para tornarse propositiva y educativa. Hoy corresponde al candidato triunfador tender puentes de unidad y reconciliación de la familia hondureña, abandonando cualquier intención revanchista-triunfalista.
La obligación de todos los contendientes debe ser el mutuo respeto y tolerancia a la diversidad de criterios, sin exclusión alguna. Sería trágico reabrir heridas, promover la lucha clasista, antagonizar aún más a la población.
Ha llegado el momento de convocar, a la brevedad, a la totalidad de las fuerzas vivas en pos de alcanzar objetivos compartidos que garanticen la gobernabilidad vía diálogo y recíprocas concesiones aceptables a la totalidad de las partes involucradas. Hoy se ha despejado el resultado electoral definitivo, mismo que debe ser respetado por cuanto expresa la voluntad del soberano: el pueblo.
