Alcanzar Estados Unidos de manera indocumentada cada vez es más improbable y peligroso. Aquellos que sin papeles se arriesgan a viajar a la nación del norte ahora tienen que eludir barreras que cada año se vuelven más fuertes.
La primera es un muro invisible que, desde 2014 y con apoyo de Estados Unidos, las autoridades mexicanas comenzaron a fortalecer para evitar el ingreso de emigrantes.
El impacto de la medida golpea severamente a los indocumentados y eso puede verse en la cantidad de detenciones- anuales- de aquellos que intentan cruzar el territorio mexicano con el fin de alcanzar el “sueño americano”.
En 2015, un total de 75,875 hondureños fueron deportados de América del Norte; alrededor de 56,000 los expulsó México y el resto Estados Unidos. Igualmente, en 2016 Honduras registró la deportación de 69,370 compatriotas, de estos, 47,678 también fueron capturados y regresados de México.
Aquellos que logran cruzar este territorio, al llegar a la frontera con Estados Unidos, se topan con un desierto y con un infranqueable muro humano y otro de hormigón. Los que se adentran en las urbes estadounidenses viven con el temor a ser capturados, y ahora más con el endurecimiento de las normas migratorias.
Para el analista Graco Pérez, la implementación de barreras que cortan el paso a los indocumentados son solo parte de las políticas migratorias que cada gobierno implementa en su territorio.
Al recibir fondos de Estados Unidos a través del Plan Alianza para la Prosperidad (PAP), Honduras también tiene una gran responsabilidad en la lucha para detener la migración irregular de sus ciudadanos.
Con un primer desembolso de 125 millones de dólares el gobierno tiene que empezar a dinamizar el sector productivo para crear oportunidades económicas, tiene que desarrollar el capital humano, mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia y fortalecer las instituciones para aumentar la confianza de la población.
Lo que se busca con ello es que no haya más hondureños evadiendo muros para poder optar a una vida digna.
