En las elecciones generales a celebrarse el próximo 26 de noviembre, es fundamental contar con un Censo Nacional Electoral transparente, no solo para llevar el orden al momento del ejercicio del sufragio, sino también para alejar las amenazas de un fraude.
Por lo tanto, esta herramienta debe ser confiable e incuestionable. Aquí es donde se siente la necesidad de que el Registro Nacional de la Personas (RNP) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sean instituciones despolitizadas, dirigidas por hondureños que velen por la democracia del país y no por los intereses de un determinado partido político.
Sea como sea, ya se dio a conocer oficialmente que el nuevo padrón electoral contiene el nombre de 6,046,873 personas con el deber cívico de acudir a las urnas a seleccionar a las autoridades que regirán los destinos del país a partir del 25 y 27 de enero de 2018.
Es interesante ver que este Censo está integrado por 3,087,533 de mujeres, equivalente al 51.06 por ciento de los votantes, mientras que el otro 48.94 por ciento representa a 2,959,339 varones.
Este registro, que el TSE ya le entregó a los diferentes partidos políticos y a las candidaturas independientes no establece con claridad cuántos son los jóvenes que por primera vez acudirán a las urnas, pero según el RNP son 879,719, aquellos que nacieron entre 1996 y 1999.
Al momento de la entrega, el presidente del TSE, David Matamoros, afirmó que al documento se le realizó una auditoría interna y una actualización de datos de los electores, correcciones de nombres, defunciones y cambios de domicilio.
Si realmente los muertos no están censados para salir a votar, si no hay irregularidades en los cambios de domicilio, si no se han excluido votantes, si todo está correcto, entonces no hay razón para pedir, a última hora, que una organización internacional observadora certifique el empadronamiento, lo cual es improbable que suceda.
Pero en caso de que se detecten irregularidades y ventajismo que afecten la voluntad del pueblo, el Ministerio Público, en persecución de los delitos electorales, está obligado a investigar y enjuiciar a quienes tengan responsabilidad por acción u omisión
