Algunos líderes sindicales nos reclamaban que negociar con las instituciones del Estado era más fácil que negociar con las empresas del sector privado, y tenían razón. Los negociadores por la parte del sector público lo hacen con recursos que no son de ellos, es decir, recursos de todo el pueblo, en cambio, los empresarios privados, cada vez que aprueban un aumento salarial para su personal, les reduce sus ganancias.
Tuve la experiencia de haber estado en la presidencia del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Sitraunah). Dichosamente me tocó asumir la responsabilidad con un grupo de compañeros que conocían los alcances y límites del sindicalismo.
Un principio que asumimos se refería a no pedir más de lo que la institución podía otorgar, para ello se nombraban comisiones que hacían un estudio del Presupuesto de la institución y determinaban qué partidas de gastos se podían afectar, sin que esto implicara que la institución dejara de cumplir las obligaciones fundamentales. Esto que parece sencillo, no lo entendían todos, existe -en la conciencia de algunos trabajadores- la idea de que el interés individual debe estar por encima del interés institucional.
En general, el Estado, en los países subdesarrollados, ha sido y sigue siendo mal negociador, no solo en materia laboral, también en lo referente a las empresas que a lo largo de la historia ha ido creando. La inexistencia de una política salarial basada en la meritocracia y en la productividad del trabajo ha generado distorsiones en los salarios y ha profundizado los niveles de desigualdad social, sin que esto se traduzca en una mejor calidad de los servicios.
Con la aplicación de las medidas de ajuste económico que se implementaron por presiones de organismos internacionales se entró en una ronda de privatizaciones que dejaron al Estado con las obligaciones pero sin los recursos para atenderlas. Desde que ocurrió el desmantelamiento de las empresas estatales, los servicios públicos -como educación, salud, vivienda y obras de infraestructura- empezaron a deteriorarse, para lo cual el Estado no ha tenido otra alternativa que endeudarse para paliar las necesidades básicas.
En estas condiciones, hemos tenido como resultado dramático el aumento de la pobreza, violencia generalizada y procesos migratorios imparables. Un reducido grupo de empresarios y funcionarios estatales han venido haciendo el negocio del siglo con el tema energético.
Ahora que se está hablando de reconvertir el negocio de la compra y venta de ese servicio vital, es oportuno decir que es inmanejable para cualquier Estado estar comprando energía eléctrica cara, vendiendo barato y garantizando compras y pagos bajo la idea de una necesidad hipotética, es decir, estamos pagando por un servicio que, “a lo mejor lo necesitamos”.
Extraño y dudoso negocio.Desde luego, este es un tema complejo y hay que hablar con todos los sectores, desde los usuarios domiciliarios hasta los empresarios, que en su mayoría son víctimas de un negocio que ellos pagan en mayor cuantía y que los vuelve víctimas de una baja competitividad.
