No es reiterativo decir que el gobierno de Castro Sarmiento recibió la administración sumamente endeudada. Si toca hablar de cifras reales, habría que decir que no es cierto que la deuda heredada fue de US$20,000 millones de dólares. En realidad, a principios de 2022 las cifras rondaban los US$16,000 millones, entre deuda pública interna y externa. En todo caso, siempre se trataba de una cantidad descomunal contraída a partir de un régimen violador de la Constitución y protagonista de otros hechos vergonzosos. El endeudamiento público de Honduras es responsabilidad de todos los gobiernos pero tienen mayor responsabilidad los que históricamente han comprometido a las finanzas públicas más allá de la capacidad económica del país sumado al uso improductivo y malicioso de los recursos prestados.
No es cierto que la capacidad de endeudamiento público se limite al coeficiente del saldo respecto al Producto Interno Bruto (PIB). Hay que profundizar en el tamaño y características de ese PIB.
Con una producción tan limitada e inestable no es admisible creer que el elevado endeudamiento será una circunstancia manejable y favorable a la nación. Si el Gobierno de Honduras tiene una deuda equivalente a un porcentaje cercano al 55% del PIB no puede pretender seguir contrayendo préstamos colocando como referencia a los EUA cuya deuda hace mucho superó el 100% de su producción anual. Igual razonamiento si se piensa en países como Italia, Japón o España. Deberíamos de tener como referencia a países con muchas dificultades como nosotros, por ejemplo, Guatemala, cuya deuda no supera el 16% del PIB, teniendo una producción 2 o 3 veces mayor que la de nosotros, siendo a su vez, el país con la menor presión fiscal en América Central.
También está la consideración fundamental del propósito del dinero tomado en préstamo y las condiciones financieras básicas, es decir, de la tasa de interés y de los plazos de pago.
Por ejemplo, si el dinero obtenido en préstamo está destinado para inversión pública productiva y, ha sido otorgado en condiciones concesionales, digamos una tasa menor al 2% y un plazo mínimo de 25 años con algún período de gracia y, de paso, sin condicionamientos groseros para aplicar medidas de política económica que puedan ser contraproducentes por no coincidir con un plan de nacional de desarrollo efectivo y soberano.
Ejemplos de préstamos que hayan rendido un buen resultado para el país y que al menos se hayan acercado a las anteriores definiciones de concesionalidad. Sin pretender tener la última palabra, podría afirmar con base en la experiencia que la represa hidroeléctrica Francisco Morazán (“El Cajón”), el Hospital Escuela, la Ciudad Universitaria en Tegucigalpa, y algunas otras obras han significado avances cruciales en el crecimiento y desarrollo del país.
No han sido obras perfectas, seguro, tampoco han estado exentas de irregularidades, pero sin duda, le han servido y seguirán sirviendo al país.Puede ser muy desorientador, y llevar a conclusiones erróneas, juzgar el asunto solamente viendo el saldo de la deuda. Similar a como observamos una cuenta bancaria, es necesario ver sus movimientos, los depósitos y los retiros. Igual con la deuda pública, es indispensable ver los nuevos préstamos y los pagos (amortización a capital principal, intereses y comisiones).
En el caso del actual gobierno, a inicios de 2022, el saldo era unos 15,700 millones de dólares luego, en ese año, hubo pagos y también nuevos préstamos que llevaron el saldo a 16,800 millones de dólares. Aún no hay datos a diciembre de 2023
