Parecen acciones sin importancia, situaciones insignificantes. Ocurren en distintos espacios: en la escuela, en el entorno comunitario, en el nivel municipal y el nacional, formando parte de la cotidianeidad, del diario vivir. Lucen normales, comunes y corrientes, tanto que nadie se inmuta cuando suceden.
Un maestro que nunca llega a dar clases, pero cobra su sueldo. Un regidor que utiliza recursos públicos para reparar su casa. El vecino que hace una conexión de energía eléctrica clandestina. Un policía que perdona una multa a un transgresor de la ley, previa coima (“mordida”). El amigo que agiliza gestiones con sus “contactos”.
Estudios de opinión pública llevados a cabo durante la última década revelan que al menos dos tercios de la población del país suele justificar conductas que podrían calificarse como corruptas (entre ellas el tráfico de influencias, el nepotismo y las negociaciones indebidas). No extraña por ello que el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional no mejore gran cosa año con año.
Esta permisividad colectiva a la corrupción no solo destaca en los ejemplos citados, sino en la apatía generalizada ante graves actos de corrupción que han caracterizado las cuatro décadas de gobiernos elegidos democráticamente. Decenas de casos que iniciaron con ribetes de escándalo en medios de comunicación, se diluyeron entre dimes y diretes de los entes investigadores y acusadores con los presuntos involucrados, para terminarse enmarañando en un sistema de justicia presto a garantizar la impunidad de los hechos denunciados.
El escándalo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) ocurrió a la vista y paciencia de directivos y asegurados. Otro tanto pasó durante la pandemia de covid- 19 con la adquisición de suministros y hospitales móviles. Y es muy probable que otras graves situaciones puedan suscitarse en el futuro con la penetración de redes ilícitas en situaciones de “emergencia” reales o calculadas, como ya ha acontecido antes. Es previsible que algunos actores políticos y sociales declaren su indignación y probidad, con más sinceridad unos que otros. Miembros de la “nueva” oposición y el “nuevo” oficialismo caldearán el ambiente político, señalándose y recordándose viejas afrentas. Mientras tanto, se continúa ofreciendo como panacea comisiones internacionales que, con su contingente de expertos extranjeros, harán lo que pocos o ninguno se atreve a hacer localmente: ponerle el cascabel a un gato que es ya un gran e imponente felino.
Superando poses y discursos de coyuntura, es hora de tomar decisiones sobre el control del financiamiento de la política y la eficacia de la prevención, lucha y castigo contra la corrupción y el crimen organizado, para la reconstrucción de la confianza ciudadana en nuestra incipiente institucionalidad. Exigir nuevamente, como se hizo ya desde las calles y ahora en redes sociales, rendición de cuentas y castigos. Sin excusas. Más allá de pantallas y titulares.
