Tranquilidad con el anuncio del acuerdo entre el FMI y el gobierno de Honduras. Pendiente trámite de aprobación del directorio en septiembre. Algunos sectores o grupos enemigos del actual gobierno esperaban ansiosos que el FMI se sacara la faja y castigara a la actual administración cortándole fuentes de financiamiento.
Según se ha sabido, también al interior del gobierno ya estaban listas algunas baterías para disparar contra “el imperialismo neoliberal” en caso de que el FMI emitiera un comunicado descalificador de la gestión gubernamental. Estaba lista “la guerrilla digital” -tanto por el lado de la derecha como de la izquierda- para detonar los famosos y explosivos “memes”.
Desde el punto de vista del interés colectivo nacional, gracias a Dios las cosas han fluido armoniosamente. No obstante, parodiando a Fukuyama, la historia no termina allí.
Que los organismos financieros internacionales nos aprieten o nos aflojen, no debería formar parte del arsenal propagandístico y debate serio que el país necesita. Más allá de los festejos gubernamentales o de los pesares de sus adversarios, conviene hacer la interpretación adecuada -con visión de país- tomando en cuenta la historia recorrida de la mano con el FMI.
El régimen de JOH también logró en mayo de 2021 un acuerdo a nivel de personal técnico a aprobarse por el directorio al mes siguiente; en aquel momento, los fondos involucrados llegaron a US$769 millones. En el acuerdo actual de 2023, se anuncia una cifra mayor estimada en US$830 millones. Para el gobierno de Castro Sarmiento, eso significará aproximadamente
20,500 millones de lempiras.
El FMI ha mostrado una postura “flexible” con los dos últimos gobiernos, distanciándose un tanto de aquellas épocas en que, las “cartas de intención” y los “memorándum de entendimiento” exigían medidas económicas de sacrificio popular para devaluar la moneda, reducir el déficit fiscal, privatizar servicios públicos y menor regulación e intervención del Estado en la economía.
Las palabras “mágicas” han cambiado un poco; en el 2021 se habló de “cláusula de escape” y, en 2023 se menciona el “espacio fiscal”. Hay también diferencias en ambos momentos: antes se interlocutaba con un régimen fuera de la Constitución, el actual es un gobierno surgido de la legitimidad de la democracia formal. Antes, el FMI avaló la privatización del sector energético mediante fideicomisos, hoy, el Fondo avala que el gobierno elimine fideicomisos y retorne al modelo tradicional de manejo público.
El final de la historia tampoco es que se tenga un gobierno surgido de la legitimidad electoral. En manos del gobierno queda entonces -como la parábola de los talentos- incrementar esa legitimidad en el ejercicio, por ejemplo, manejando apropiadamente todo lo que en el gobierno anterior se estuvo haciendo mediante fideicomisos, ocultándose en oscura “Ley de secretos”.
Que el FMI no nos trate con el látigo de las políticas económicas restrictivas, suena liberador. Pero no esperemos -ni exijamos- que del extranjero vengan las auténticas soluciones. Más allá de intereses particulares, interpretemos esa menor agresividad del FMI como oportunidades valiosas -quizás únicas- para enfocarnos en hacer internamente lo correcto; enfatizar más coincidencias y menos discrepancias. Comportándonos como ciudadanía exigente.
La manera más efectiva de no privatizar es hacer que lo público realmente funcione en cantidad, calidad y calidez. (Recuerdo que siendo subdirector del IHSS pronuncié esa frase en una intensa discusión con un grupo de bravos sindicalistas, coincidiendo en trabajar mejor). En última instancia, crecimiento con desarrollo. Haciendo “bajar la macroeconomía” y “subir” la microeconomía.
