Hace mucho tiempo que se viene repitiendo que la democracia en Latinoamérica enfrenta graves peligros. Al ver el mapa de la región nos encontramos con países que la han perdido del todo –Cuba, Nicaragua y Venezuela–, mientras que otros empiezan a dar muestras de deterioro, mientras que algunos, en este caso Guatemala, están en medio de una crisis complicada de difícil solución.
En mi país, las instituciones del Estado, esas que están llamadas a ser funcionales, servir al pueblo y preservar los principios democráticos, han sido tomadas por fuerzas oscurantistas que amenazan seriamente con romper el orden constitucional y traer al traste lo que va quedando de la democracia. Responden a los intereses de una clase política fortalecida por la corrupción al amparo de la impunidad.
El escenario es complicado y con fuerzas dispares. El resumen es sencillo de presentar. Hay lo que se ha dado en llamar un “golpe de estado judicial en marcha” para impedir que el presidente electo Bernardo Arévalo pueda asumir el cargo, tras ganar el balotaje el pasado 20 de agosto, en elecciones que la observación internacional calificó de “transparentes y ejemplares”.
En esas elecciones hubo dos candidatos: Sandra Torres, representante de la vieja política y del sistema de corruptela, aliada al oficialismo; y Bernardo Arévalo, hijo de un expresidente popular –Juan José Arévalo (1945-1951)–, a quien los electores poco conocían previamente, pero que, con un discurso anticorrupción, logró posesionarse fuertemente hasta obtener una amplia victoria en las urnas (61% contra 39%).
El oficialismo y sus aliados no esperaban esa derrota abrumadora y su reacción fue activar el sistema judicial y buscar una fachada “legal” para perseguir al partido Semilla de Arévalo, y luego emprender acciones en contra de la votación y del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con el fin de denunciar un fraude inexistente, como lo reportan los observadores electorales nacionales y los grupos de la OEA y la Unión Europea (UE), que estuvieron presentes durante todo el proceso eleccionario.
El oficialismo y sus aliados controlan la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Constitucionalidad (CC), que no han impedido las acciones ilegales que realiza el Ministerio Público (MP) para justificar la denuncia de fraude. Por el momento han logrado, por orden de uno de los jueces “del sistema”, la suspensión de la personería jurídica del partido ganador, aduciendo irregularidades en su inscripción hace más de cinco años.
Las acciones sesgadas y parciales del sistema de justicia –MP y cortes– han provocado un levantamiento popular como no se veía en este país hace mucho tiempo. Este viernes se cumplieron cinco días de un “Paro Nacional” convocado por organizaciones indígenas y populares, en defensa de la democracia y exigiendo la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, su principal asistente y el juez que ha girado las órdenes contra el partido político y el propio TSE, que ha sido allanado varias veces.
La batalla jurídica se libra con desigualdad de posibilidades. Es reconocido que el sistema de justicia está cooptado por el oficialismo y sus aliados, entre los que se cuentan partidos políticos, militares, estructuras criminales, empresarios y grupos extremistas conservadores. La CSJ no se ha renovado desde hace cuatro años, cuando terminó su período constitucional. Sus magistrados responden obedientemente a la clase política dominante que les mantiene en sus cargos de forma inconstitucional.
En contraparte, ha brotado un movimiento social que crece. El “Paro Nacional” se lleva a cabo por medio de protestas en plazas y bloqueo de carreteras, pero los primeros brotes de violencia se han reportado, sin saberse a ciencia cierta quién o quiénes los provocan.
Las cámaras empresariales piden la intervención de las fuerzas de seguridad para garantizar la libre locomoción y la conflictividad social está sobre un hilo que puede romperse en cualquier momento y derivar en violencia, como la que antes vivieron Venezuela y Nicaragua, cuando el pueblo salió a protestar contra las dictaduras y fue reprimido.
El martes, por tercera vez en menos de dos meses, la OEA discutirá por medio del Consejo Permanente, la crisis de Guatemala, un país en el que ese escenario tan complejo e imprevisible que le ha llevado a una disyuntiva claramente marcada: golpe o democracia. La mayoría del pueblo quiere la segunda, pero el poder establecido apuesta por lo primero.
* Expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
