Ningún acto de corrupción es tan criminal como el robo a la salud. Exactamente ese fue el punto más inhumano de la administración pasada, estafar al país con siete unidades modulares para enfrentar la pandemia, compradas por casi 48 millones de dólares. Estas no fueron más que un amasijo de hierro oxidado, que sirvieron como engranaje de la estructura de impunidad. Mientras la gente moría por la embestida brutal del coronavirus, detrás de las cortinas de esos lamentos, se oxigenaban los corruptos de forma directa y fraudulenta. En esta cadena de actores, apenas dos funcionarios de poca monta fueron cesados de sus cargos y acusados por la Fiscalía del Ministerio Público.
Jamás se pudo articular el caso con los demás cómplices, pese a una orden de arresto internacional y la alerta migratoria para el empresario que fue el intermediario para la compra de los hospitales elaborados en Turquía, que obtuvo utilidades arriba de los 20 millones de dólares. Lo demás fue puro verso: llegó la nueva administración, asumió los poderes existentes y no existentes, doblegó a los poderes del Estado y colocó sus piezas, estas dos últimas en el Ministerio Público, en una indebida y convulsa elección en el Congreso Nacional, que aún no termina. Con un “nuevo” MP, que desengavetó los polvorientos archivos de corrupción y empezó su cacería, de inmediato se dictó la detención judicial a la exministra de Finanzas, por el escándalo de la compra de los Hospitales Móviles. La exfuncionaria es acusada por el Ministerio Público por el delito de fraude a título de cooperador necesario: un caso de impacto, mediático y luminoso en los escenarios para “recuperar” la confianza de la ciudadanía.
Para eso desplegaron todas sus carpas cirqueras y en horas de la madrugada fue detenida por agentes de la Policía Militar cuando intentaba salir del país, según la versión oficial del MP. Pero sus defensores legales afirman que se entregó voluntariamente. Armaron una guerra solo para aparecer como héroes contra la corrupción, previo a las luces del espectáculo, donde con su prensa y todo, la exhibieron como trofeo de caza.
Es positivo que se hayan realizado avances en la investigación y el procesamiento de casos emblemáticos de corrupción, como el de estas chatarras móviles, que involucra a varios exfuncionarios y empresarios. Sin embargo, estos esfuerzos no son suficientes si no se abordan también las causas estructurales que propician la corrupción, como la debilidad institucional, la falta de independencia judicial, el financiamiento ilícito de la política y la captura del Estado por intereses privados. Asimismo, es indispensable que la lucha contra la corrupción no se convierta en un instrumento de persecución política o de manipulación mediática, sino que se base en el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y el principio de igualdad ante la ley. No podemos permitir que se utilice el discurso anticorrupción para encubrir agendas partidarias y simular justicia, cuando todos sabemos que debajo de las tarimas del gobierno se esconden los corruptos que disfrutan las mieles del poder por una amnistía regalada por el mismo Congreso que ellos impusieron, y que devuelven con creces el premio de un MP protector. Si van a luchar contra lo podrido, es necesario que se señalen y juzguen también a los miembros del gobierno actual que estén involucrados en atracos escandalosos, y que no se les otorgue impunidad o protección por los padrinazgos del poder. De lo contrario, se está enviando un mensaje contradictorio que enciende la chispa de un pueblo, que esta vez no saldrá a las calles a defenderlos, porque está harto de payasadas móviles, que mueven de aquí para allá, según donde estén las fabulosas luces del show.
