Los gobiernos del mundo afrontan en la 21 Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático, que se celebra en París, el desafío de alcanzar un acuerdo que limite el aumento de temperatura del planeta a dos grados centígrados hacia el año 2100 por encima del nivel preindustrial.
Para ello, la COP21 introduce un modelo distinto al Protocolo de Kioto (2005-2012) que se basaba en una interpretación de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Hoy el nuevo modelo enfatiza la responsabilidad común y amortigua la diferenciación. Es decir, apunta a que la mayoría de los países contribuyan en materia de mitigación y adaptación, que formalicen su compromiso voluntario nacional en el marco de la Convención y que se logren mecanismos de revisión periódicos.
El vehículo del cambio es la presentación por parte de los países de Contribuciones Previstas Determinadas a Nivel Nacional (INDC, por sus siglas en inglés). Al 1 de octubre, 147 países habían presentado sus INDC. El secretariado de la Convención considera que con esos aportes las emisiones mundiales promedio per cápita bajarán de 7.3 toneladas en 1990 a 6.7 toneladas en 2030.
En el caso de América Latina y el Caribe, 23 países, que en conjunto son responsables de 88% del total de las emisiones de la región (según datos de 2012), habían presentado sus INDC en esa fecha.
El esfuerzo de estas contribuciones va dirigido, principalmente, a los sectores forestal y energético e incluye también acciones orientadas a buenas prácticas agrícolas, transporte limpio, gestión de residuos y mejora de procesos industriales. Los INDC latinoamericanos tienen un componente fuerte de adaptación, pues la región es altamente vulnerable a la desglaciación, aumento de nivel del mar, inundaciones o sequías extremas según la zona.
Para ello, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) facilita escenarios de cambio climático por país y de subida del nivel del mar, de transferencia de herramientas de análisis y de apoyo a las prioridades de los gobiernos en materia de adaptación y mitigación inclusiva y con ganancias sociales.
En el caso de nuestra región, la Cepal promueve un cambio estructural progresivo para un desarrollo más sostenible e inclusivo. La persistente desigualdad se expresa tanto en el consumo de la energía, como en las emisiones y en la exposición al riesgo. Esto hace que medidas de protección a los más vulnerables económicamente tengan efectos favorables sobre la adaptación y que medidas de inclusión social y de protección a la salud, como la mejora del transporte público, el manejo de residuos y la salud de los ecosistemas, tengan impactos positivos sobre la mitigación y por lo tanto un valor social agregado. En América Latina y el Caribe, la composición de las emisiones está dominada por la generación de energía eléctrica, el transporte y el cambio de uso del suelo. La Cepal aboga por la diversificación productiva. Por ello, tanto el freno de los grandes contaminadores a nivel global como la reducción interna de los principales emisores por consumo son condiciones críticas para proteger el espacio remanente para acomodar las emisiones que estarían por venir de un aparato productivo más diversificado.
La COP21 es en definitiva un momento de cambio y abre una transición que debe ser exitosa en el ámbito del multilateralismo. Las opciones futuras frente a un fracaso de esta vía son muy poco atractivas y hasta ominosas para los países de nuestra región
