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Crimen y castigo

Relata diario Tiempo (Bogotá) que si ocurre en Singapur un acto corrupto (de funcionario, empresario, militar o civil) que ocasione la muerte a otra persona, se le ejecuta. Y que quien roba presupuesto a hospitales, escuelas, vivienda y ayuda alimenticia para desamparados y pobres, recibe igual la pena máxima. Ello redujo, durante recientes años, la corrupción.

Corea del Norte liquida al autor de actos de asesinato, terrorismo, robo al Estado, traición y crímenes “contra patria y pueblo”. China aplica la misma pena a quienes realizan crímenes económicos que incluyan soborno, fraude, robo agravado, falsificación, complicidad con traficantes y estafa al Estado. El martirio es expedito: inyección tóxica, fusilamiento, horca, etc.

Indonesia aplica sanción suma a crímenes económicos en detrimento del Estado. Reino Unido no castiga a muerte la corrupción pero es líder contra el delito. Al Acta de 2010 se la considera “la legislación más severa del orbe, pues estatuye sentencias de diez años carcelarios a multa infinita y confiscación de propiedades del condenado y socios”.

Emiratos Árabes Unidos castiga con veinte años de presidio a los que cometan esas faltas. En Alemania hay muchas asociaciones independientes que vigilan y luchan contra el crimen económico. Sus penas pueden alcanzar los diez años de bartolina, multa o ambas. Estas pueden totalizar un millón de euros (veintisiete millones de Lempiras) e inhabilitación eterna de la profesión, por pícaro.

A Japón lo clasificó la Transparencia Internacional en sitio 17 entre 174 países, siendo la tercera nación asiática menos corrupta tras Singapur y Hong Kong. Los japoneses sufren rara corrupción. Para evitarla existe desde 1995 una ley de financiamiento político que exige publicitar toda donación de empresas a los partidos más allá de 150,000 yenes (1260 euros). El sentido ético japonés es tan intenso que los políticos lo acatan o dimiten. Su pundonor llega al extremo del suicidio. En esas influencias son susceptibles de soborno los funcionarios, dada la volatilidad política. Y por ello practican el “amakudari” (“paracaídas”), para conseguir puestos en el sector privado tras ser burócratas.

La Vanguardia (España) revela que la corrupción italiana es tan grave y endémica que debieron endurecer la legislación para abatirla, por lo que se aprobó un nuevo código anticorrupción que sanciona delitos con penas duras, con castigo hasta de ocho años, y si hay abuso de poder hasta cuatro. Es penado traficar “influencias ilícitas” (tres años en prisión). Con todo, la nueva legislación falla cuando trata la falsificación de contabilidades, una concesión al pillo Silvio Berlusconi.

La Unión Europea veda las coimas y sobornos. Su código de conducta es categórico cuando tipifica al funcionario que acepta regalos sin permiso o que tenga intereses o negocios de la UE, todo debe consultarse. El Parlamento Europeo es famoso por las tretas de ciertos diputados para abusar del cobro de dietas, de gastos de viaje y contratos, aunque ahora hay mucho control sobre tal tipo de conductas. Donaciones y regalos no pueden sobrepasar los 150 euros, unos L 4,100.00. Nuestros corruptos ya hubieran modificado esa ley para seguir viviendo en pecado.