Mediante un comunicado de prensa, el Gobierno anunció que “a pesar de los esfuerzos realizados para que la SG/OEA nos acompañara en la propuesta de construcción de un nuevo sistema integral de transparencia y lucha contra la corrupción e impunidad y fortalecimiento del Estado de derecho, no alcanzamos los consensos para la firma de un nuevo convenio entre el Estado de Honduras y la Secretaría General de la OEA”.
Por su parte, la OEA emitió también un comunicado expresando que no ha resultado posible alcanzar los acuerdos necesarios para la renovación de la Misión, razón por la cual la Maccih finalizará sus funciones el 19 de enero de 2020, agregando que la Secretaría General de la OEA se ve en la obligación de expresar que la finalización de las tareas de la Maccih en Honduras constituye un hecho negativo en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país.
Como parte de sus justificaciones, el Gobierno esgrime que se tomaron en cuenta elementos como las denuncias de algunos sectores sociales, económicos y políticos en Honduras, en las que expresaron sus observaciones y desacuerdos con las actuaciones de algunos de los funcionarios integrantes de la Misión y afectados que alegan haber sido atropellados en sus derechos y garantías constitucionales.
La no renovación era prácticamente la “crónica de una muerte anunciada”. Desde el momento que el Congreso Nacional emitió una resolución indicando que no estaba dispuesto a aprobar una renovación del convenio, ya las posibilidades para ello eran mínimas. Por su parte, el Poder Ejecutivo conociendo la posición mayoritaria del Congreso Nacional, inició un proceso de negociación posiblemente como un mero trámite con la intención de no llegar a ningún acuerdo.
Y es que era muy difícil que los políticos enquistados en el poder aceptaran que este convenio pudiera ser renovado. En nuestra historia hay muchos años de corrupción y de impunidad de parte de funcionarios públicos, de diputados y de empresarios, que creen que al llegar al poder tienen todo el derecho de apropiarse de los recursos públicos para compensar su inversión, sus desvelos y su arduo trabajo para lograr un cargo público. Los cambios estructurales para combatir efectivamente la corrupción y para que impere la transparencia no se dan de la noche a la mañana ni son generados por los mismos que irán al banquillo de los acusados.
Después de cuatro años de experiencia resulta claro que un convenio como el firmado con la OEA necesitaba algunas modificaciones. La presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el respeto a la reputación e imagen del acusado son principios fundamentales que se deben respetar. Pero esto no se puede tomar de excusa para la no renovación del convenio, especialmente si estamos conscientes que en nuestro país no existe la fortaleza institucional para combatir la corrupción y aplicar la ley en forma objetiva, si no es con apoyo financiero y logístico externo.
La ciudadanía debe reaccionar y exigir firmemente que se renueve el convenio y no dejar que el tema se politice para ganar adeptos, sin ninguna intención de cambio. De lo contrario, los corruptos volverán a reinar impunemente y todos pagaremos las consecuencias, tarde o temprano.
