En las últimas décadas Honduras ha vivido una transformación económica y social sin precedentes. Se ha mejorado en algunas cosas, pero en lo que respecta al empleo la situación no es halagadora, pues las políticas públicas implementadas en este sector han desembocado en la precarización de las condiciones laborales. Si usted es asalariado, seguro sabe de qué estamos hablando.
Esto no es algo nuevo. Las condiciones del mercado laboral hondureño se han venido deteriorando aceleradamente desde que comenzó a aplicarse el modelo neoliberal en la década de los 90, en tiempos del expresidente Rafael Leonardo Callejas. Por aquellos días se vio la maquila como la salvación de la economía nacional y una de las bazas para atraerla fue poner a su disposición una gran cantidad de mano de obra barata. En otras palabras: se ofreció gente que estaba dispuesta a trabajar por salarios de subsistencia en trabajos que requerían un mínimo de capacitación.
Esas condiciones precarias ahora se han generalizado a la mayor parte del mercado laboral. Ya no sólo las personas con escasa capacitación tienen trabajos con bajos salarios, hay muchos hondureños que poseen educación universitaria, incluso a nivel de posgrado, y no tienen acceso a empleos que mejoren su calidad de vida. A partir del gobierno de Manuel Zelaya se creó una singularidad económica: el aumento al salario mínimo provocó que la brecha entre lo que ganaban las personas con menos capacitación y las capacitadas a nivel universitario se redujera. A consecuencia del nuevo salario, el costo de vida también se incrementó y, como es natural, los hondureños que no recibieron un alza salarial sufrieron un deterioro de su poder adquisitivo. A esto hay que agregar que, según datos de 2017 del INE, el promedio de ingreso de los ocupados es de 5,598 lempiras por mes, lo que implica que ni siquiera se está pagando el salario mínimo impuesto por el gobierno.
Otra evidencia de la precarización del mercado laboral es entonces el subempleo, que desde 2009 a 2017 ha mostrado una tendencia al alza, pasando de 43.1% hasta un 56%. Según el INE, en el país hay 451,545 personas en situación de subempleo visible, que desean trabajar más pero las condiciones sólo les permiten laborar menos de 36 horas a la semana. La cosa se pone peor cuando se analiza el subempleo invisible, pues 1,688,225 personas trabajan más de 36 horas semanales y tienen ingresos menores a un salario mínimo. Todo esto se resume en que lo que ganan no alcanza para cubrir sus necesidades básicas.
En los dos últimos períodos gubernamentales se han implementado políticas públicas para generar trabajo, como el “empleo por horas”. Esto ha servido para “neutralizar” los efectos del alza al salario mínimo, pero no ha mejorado las condiciones laborales de los hondureños y más bien ha deteriorado aún más su nivel de vida, pues ha generado puestos de trabajo de baja calidad y poca remuneración. Estas políticas han sido presentadas como un éxito y se ha presumido de crear empleo masivamente, lo que han logrado realmente es alentar el crecimiento del subempleo visible e invisible, que, como se evidencia en las cifras que hemos dado, es uno de los grandes problemas de Honduras.
La informalidad económica también es una manifestación de la precariedad laboral. En 2012 el Banco Mundial estimaba que el 80% de los hondureños se encontraban en el mercado informal. Este porcentaje representa una cifra grande y preocupante, definitivamente afecta las condiciones laborales y la calidad de vida de los hondureños. Sin embargo, dadas las limitaciones de las estadísticas nacionales, no es posible evaluar con certeza la dimensión de su impacto sobre el diario vivir de la población. Ahora bien, que esta cifra sea elevada sin duda obedece a que las personas buscan alternativas para sobrevivir ante la escasez de empleo, la paupérrima remuneración y a que muchas empresas (aduciendo una crisis en sus finanzas que contrasta con las alentadoras cifras de crecimiento que ofrece a la opinión pública el gobierno) han despedido empleados y han concentrado en los que quedan todo el trabajo, generando sobrecarga laboral y afectando de nuevo la calidad de vida de las personas.
Ante esta situación, a muchos no les importa sacrificar “la protección social” o la estabilidad de ingresos que supuestamente brinda un empleo formal y emigran a la economía informal.
Honduras ha tenido una larga historia en la formulación de políticas públicas en materia laboral orientadas principalmente a la generación de empleo, formación profesional, flexibilización del horario de trabajo y en años recientes a la implementación de programas de emergencia para solventar la crisis laboral. Queda claro que, en teoría, estos programas y proyectos se han formulado adecuadamente para solventar las necesidades de corto o mediano plazo de la población, pero la realidad es otra: muchas veces han fracasado, han sido llevados a la práctica para favorecer sólo a determinado grupo, no han sido definidos de manera amplia, integral, y no han tenido objetivos claros o simplemente han servido para que el gobierno de turno haga proselitismo en busca de asegurarse la próxima elección.
Esto no puede continuar así, el progreso y el desarrollo de Honduras no pueden medirse por el crecimiento de las cifras económicas de unos pocos que son dueños de las riquezas. Difícilmente habrá paz y estabilidad social si las grandes mayorías del país no tienen acceso a un empleo digno y con él a mejorar su calidad de vida.
